Formalismos legales; sólo queda lo de T. Zerón…
Niegan la aprehensión de 46 funcionarios que
pidió la FGR por el Caso Ayotzinapa
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“Guerrero es una fosa donde se registra una violencia máxima”: A. Buitrago
(GIEI)
Chilpancingo, Guerrero, 9 de
septiembre de 2020.- El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que un juez negó las 46 órdenes
de aprehensión contra funcionarios de Guerrero por el caso Ayotzinapa y sólo se
sigue la que se emitió contra el ex director de la Agencia de Investigación
Criminal Tomás Zerón de Lucio.
Apenas el pasado 30 de junio
el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero informó que un juez
federal había girado 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios del estado
por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas
por su presunta implicación en el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
El abogado de los padres de
los 43 normaistas desaparecidos partcipó en el conversatorio “La desaparición
forzada en México en el escenario de la pandemia” organizado por el Instituto
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la UNAM, UAG, UACM y Conacyt, que
fue moderado por Evangelina Mora.
Ahí el representante del
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, y el
periodista independiente John Gibler, coincidieron en que no se puede llegar a
la verdad y la justicia y la no repetición en el caso de los 43 mientras
continúen en sus puestos en la actualidad los funcionarios de mandos medios y
menores que participaron en las investigaciones que dieron pie a la “verdad
histórica”.
En su intervención Vidulfo
Rosales Sierra identificó dos problema que han impedido el avance en las
investigaciones, el primero es que la Fiscalía General de la República (FGR),
aún no se depura y hay personajes que participaron en la “verdad histórica” que
se han vuelto un “obstáculo”.
El otro es que el Poder
Judicial privilegia el formalismo, “ahí estamos teniendo problemas” de que los
expedientes reboten o que por alguna informalidad nieguen las órdenes de
aprehensión y no se está avanzando en las investigaciones.
Informó que parte de esos
formalismos dieron pie a que se negaran las 46 órdenes de aprehensión que se
habían girado por parte de la FGR, y que sólo se tiene activa la de Zerón
de Lucio pero que hay desesperación por el estancamiento de su extradición para
que enfrente la justicia en México.
El abogado dijo que la
entrada del gobierno actual tiene una política más clara, donde se está
investigando las líneas que se han propuesto por parte de los padres como los
celulares, la Policía Federal, el Ejército, el trasiego de la droga, porque lo
ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala fue
un operativo muy grande donde participaron policías municipales no sólo de
Iguala sino de Huitzuco y Tepecoacuilco.
Díaz Taboada dijo que aun
falta mucho para alcanzar la verdad y la justicia y la no repetición de los
hechos, resaltó que la llegada de la 4T da un nuevo escenario en las
investigaciones, sin embargo indicó que hay varias estructuras que continúan
intactas desde el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Destacó el caso de la
Policía Federal que pasó a la Guardia Nacional, los jueces, técnicos en el
campo de las investigaciones de la FGR, además de mandos medios y jueces que
siguen en sus puestos, y criticó que el Ejército ha sido fortalecido y siguen
actuando con impunidad, y no han abierto sus archivos.
Además de que los actores del
crimen organizado siguen y que la macrocriminalidad sigue operando en una gran
parte del estado, los nuevos actores que están dentro de la Fiscalía han
trabajado a contracorriente de toda la inercia de un régimen, y que estas
inercias se ven potencializadas por el tiempo de la pandemia y que los
resultados actuales se pudieron obtener en los primeros 4 meses.
Dijo que se confirma en la
actualidad que el trabajo que hicieron los integrantes del Grupo
Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) iba con el
rumbo adecuado y que son ciertas.
El periodista independiente
John Gibler dijo que desde las primeras acciones de todas las autoridades que
actuaron en las horas de la desaparición y después, actuaron contra los
estudiantes, usando todas sus facultades de oficinas y puestos.
Agregó, que el actuar
jurídico de la PGR fue un gran operativo coordinado elaborado para no dar con
la verdad, esa serie de actos administrativos para ser imposible para encontrar
a las personas consiste en la desaparición forzada. “Desde los primeros
momentos el Estado nunca entró en acción para hacer una investigación y desde
siempre participó para desaparecer a los estudiantes”.
Coincidió que muchos
técnicos que participaron en la verdad histórica siguen en sus puestos, sobre
todo los peritos. Dijo que él ve un escenario donde personas vinculadas a
la desaparición de los 43 siguen en sus puestos, y que en la
administración actual no ha visto acciones jurídicas contundentes para abordar
ese tramo de esos 6 años de atrocidades continuas.
Urgió la necesidad de hacer
entrevistas profundas a todo el personal que estaba en la PGR, además del
papel del Ejército y la necesidad de hacer entrevistas profundas y
serias.
La integrante del GIEI,
Ángela Buitrago recordó que el anterior gobierno de Peña Nieto nunca hizo caso
a las recomendaciones que se emitieron y que originó también en 2016 la salida
de los expertos del país.
“Yo no puedo decir, de
ningún resultado positivo durante el sexenio anterior (de Enrrique Peña Nieto)
en términos forenses, ni siquiera podemos aceptar que hubo una pesquisa forense
que diga qué fue cierta la investigación” de la verdad histórica.
Indicó que el grupo regresó
de manera formal este año ante la insistencia de los padres ante el nuevo
gobierno. Señaló que el grupo tiene un problema de base, que las declaraciones
a los inculpados se realizaron bajo tortura a pesar de que las autoridades
sabían que iban a ser sacadas de la investigación una vez que se
descubriera.
La experta dijo que hay en
total 130 pruebas expulsadas de la investigación “estamos en un nivel de que,
si lo que dijeron era verdad están fuera, pero si fueron compuestas por órdenes,
pues la información es falsa”.
Dijo que en el anterior
gobierno se les negó el derecho a los padres a la verdad, y que se les quiso
poner en una situación de conformidad con una verdad que calificó como absurda.
Agregó que durante el anterior gobierno se generaron patrones de ocultamiento
de información y de pérdida en la información.
Pero dejó claro que “no es
que ya no tengamos posibilidad de acceder a la verdad, sí se ha mutilado, que
ya es complejo llegar a saber qué pasó, pero eso no quiere decir que nos vamos
a doblegar”.
Dejó claro que el objetivo
del GIEI es decir a los padres que pasó esa noche, y hacia dónde se llevaron a
sus hijos, acceder a la justicia para los padres que no tienen a sus
hijos.
También dijo que Guerrero es
una fosa, y donde se registra una violencia máxima.
La integrante del grupo de
expertos dijo que los estudiantes normalistas deben de seguir siendo buscados
en vida, y que el Estado tiene una gran deuda con los padres y
madres por eso se debe generar una rehabilitación por los cambios que han
vivido en los últimos seis años.
En el conversatorio también
participó el director general de Estrategias para la Atención de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación y subsecretario técnico de la Comisión
Presidencial, Félix Santana Ángeles, quien reconoció que hay una serie de
“inercias” que no permiten avanzar en las investigaciones como lo dijo el
abogado de los padres de los 43 normalistas.
Destacó que se han
realizado 29 operativos de campos en este nuevo gobierno que vienen de
fuentes directas, y que el gobierno está rompiendo los pactos de silencio
creados y fue así como se llega el 20 de noviembre del año pasado a la barranca
de La Carnicería donde fueron localizados los restos del normalista Christian
Alfonso Rodríguez Telumbre.
El funcionario dijo que se
han analizado más de 16 mil metros cuadrados de tierra de esa barranca,
“se ha levantado metro a metro para hacer análisis forense”.
Agregó que la comisión
presidencial es un compromiso de esclarecer los hechos y no nace de una
recomendación sino de un compromiso del presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador, y que no van a inventar nada y no se va a encubrir a
nadie “nosotros no tenemos deuda con la administración pasada”.
En la plática también participó
el representante del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, José
Filiberto Velázquez, que destacó las diferencias entre el anterior gobierno con
las familias de las personas víctimas de desaparición, que pasó de la
resistencia con los plantones, al diálogo.
También participaron del
Colectivo Milynali Red CFC, Sara López Cerón, de Fundar, Ximena Antillón Najlis
y del Centro Prodh María Luisa Aguilar.
(Texto: Jacob Morales
Antonio/Foto: Archivo).