Por: Carmelo Corripio Pineda “El Búho”
EL VISITADOR GENERAL
El visitador general es un nombramiento legal a una persona
especializada, con facultades para emitir dictámenes, resoluciones e incluso
sentencias para ser aprobadas por los jueces competentes. En su oportunidad,
César Alejandro Chávez Flores recibió tal nombramiento para dictar la
evaluación técnica jurídica en su carácter de visitador general de la
Procuraduría General de la República, sobre la averiguación previa
AP-PGR-SDPDS-01-001-2015, abierta en el tiempo del procurador Jesús Murillo
Karam, y que acumula todas las indagatorias relacionadas con la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de Septiembre del año
2015 y que a la fecha no han sido encontrados; no obstante las pesquisas de
todo orden, los jóvenes de Ayotzinapa “se evaporaron”.
Estas conclusiones preliminares de la auditoría legal realizada a las
actuaciones de la PGR y al expediente de investigación DGAI-510-CDMX-2016,
elaborado por la dirección general de asuntos internos de la visitaduría contra
el titular de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón de Lucio, y su
equipo, por sus actuaciones en el río San Juan en Cocula, Gro., fueron la razón
por la cual César Alejandro Chávez Flores se vio obligado a presentar su
renuncia sobre el caso el 12 de Septiembre del 2016; quien dijo ante un
auditorio repleto de los padres de los desaparecidos, abigarrado por la prensa
y por una cantidad de personas interesadas en el asunto criminal, que tiene a
México en la boca de las voces internacionales. Chávez Flores dijo: “Acabo de
presentar mi renuncia ante la disyuntiva de hacer lo correcto y conservar el
cargo”, anunció Chávez Flores antes los rostros estupefactos de la concurrencia
en las oficinas de la visitaduría. No lo dijo explícitamente, pero para nadie
era un secreto que la dimisión o la renuncia de su cargo se debía a las
conclusiones de su investigación contra el intocable Tomás Zerón, amigo y
protegido del Presidente Enrique Peña Nieto, —quien dijo---: “quienes
trabajamos en la visitaduría tenemos la obligación de depurar el sistema de
justicia en nuestro país; aquí lo que hacemos tiene un valor trascendente. Se
trata de que México se perfeccione en la creación y desarrollo de sus
instituciones, especialmente en la investigación, donde debe de lograrse la justicia”,
agregó el joven abogado.
Cuando terminó su emotivo discurso, los funcionarios de la visitaduría
lo despidieron con un aplauso que se prolongó más allá de su presencia, en
medio de decenas de elementos de la PGR que durante casi dos años participaron en
actos de tortura, detenciones ilegales, persecución y manipulación de pruebas
durante la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Durante varios meses la procuradora, otros subprocuradores de la PGR y
el propio Zerón presionaron al visitador Chávez Flores para que cambiara las
conclusiones de su indagatoria sobre el río San Juan. Chávez Flores se negó a
ser el cambio de conclusiones que liberan de responsabilidad al gobierno de la
Republica junto con el ejército, la PGR, la procuraduría estatal de Guerrero,
sus ayuntamientos y policías locales, no obstante ser amenazado por escrito. El
visitador le explicó a Arely Gómez el efecto negativo de ignorar la
irregularidades en las diligencias en el río San Juan y el basurero de Cocula,
no tenía sentido ocultarlas porque tarde o temprano saldrían a la luz cuando
interviniera una corte internacional.
Sin embargo, el Presidente Peña Nieto le dio instrucciones a su
procuradora Arely Gómez para que el visitador Chávez Flores dejara el cargo.
Asímismo le pidió que el incómodo “acuerdo de conclusiones” nunca se hiciera
público. Ya movería él a su hombre de confianza a otro sitio donde le fuera más
útil.
Zerón de Lucio en momentos ríspidos sobre la averiguación le dijo a
Chávez Flores: “El problema es contigo, el presidente está molesto, tus
conclusiones nos condenan”, a lo que le contestó: “Mira Tomás la investigación
que realicé es exacta y la determinación es que fue un crimen de estado. No es
posible cambiarla, no es posible cambiarla, no es posible cambiarla, aumentando
el sonido de la voz”, le respondió el visitador.
Las conclusiones que ponían en el banquillo de los acusados a Zerón no
era una sorpresa ni siquiera para él mismo, que había tenido acceso a la
indagatoria. Sin embargo, todos los involucrados y responsables de la matanza
le echaban la culpa al visitador, a pesar de que en las conclusiones
preliminares del visitador sobre la averiguación previa, firmadas por 5
ministerios públicos adscritos a la visitaduría general, la PGR y el gobierno de
Peña Nieto han ocultado estos documentos y es hasta que la investigación
emprendida por la escritora Anabel Hernández, ha surgido a la luz pública la
verdad de los hechos.
El contenido de estos documentos internos de la PGR es de interés
público no sólo por el derecho a la verdad de las víctimas, el cual es un hecho
fundamental, sino para la indispensable rendición de cuentas en el caso de
desaparición forzada más importante de las últimas décadas en México.
La investigación contra el titular de la AIC concluyó que eran
inválidas todas las actuaciones del río San Juan porque las ilegalidades
cometidas antes y después de las inspecciones en el lugar tenían un efecto
corruptor en las pruebas (tortura, muerte, los marinos). Por lo tanto, echaban
por tierra, jurídicamente hablando, “la verdad histórica” que el gobierno de
Peña Nieto había defendido hasta entonces, sin importar el costo político, pues
en la lectura de Los Pinos cualquier costo era mejor que el que se pagaría si
se supiera la verdad.
El borrador del visitador legal practicada a todo el expediente
relacionado con el caso Ayotzinapa determinó que la SEIDO debía replantear de
fondo su investigación para dar con el parador de los 43 normalistas
desaparecidos y con los responsables del ataque contra ellos, el camión donde
viajaban los jugadores del equipo de futbol Avispones, donde murieron 6
personas y decenas resultaron heridas. Esas nuevas líneas de investigación
debían enfocarse en la Policía estatal de Guerrero, la Policía Federal, el 27
Batallón de Infantería y lo ocurrido particularmente a los autobuses Estrella
de oro 1531 y 1568.