La Noche del Fin del Mundo


Por: Carmelo Corripio Pineda “El Búho”

EL VISITADOR GENERAL
El visitador general es un nombramiento legal a una persona especializada, con facultades para emitir dictámenes, resoluciones e incluso sentencias para ser aprobadas por los jueces competentes. En su oportunidad, César Alejandro Chávez Flores recibió tal nombramiento para dictar la evaluación técnica jurídica en su carácter de visitador general de la Procuraduría General de la República, sobre la averiguación previa AP-PGR-SDPDS-01-001-2015, abierta en el tiempo del procurador Jesús Murillo Karam, y que acumula todas las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de Septiembre del año 2015 y que a la fecha no han sido encontrados; no obstante las pesquisas de todo orden, los jóvenes de Ayotzinapa “se evaporaron”.
Estas conclusiones preliminares de la auditoría legal realizada a las actuaciones de la PGR y al expediente de investigación DGAI-510-CDMX-2016, elaborado por la dirección general de asuntos internos de la visitaduría contra el titular de la agencia de investigación criminal, Tomás Zerón de Lucio, y su equipo, por sus actuaciones en el río San Juan en Cocula, Gro., fueron la razón por la cual César Alejandro Chávez Flores se vio obligado a presentar su renuncia sobre el caso el 12 de Septiembre del 2016; quien dijo ante un auditorio repleto de los padres de los desaparecidos, abigarrado por la prensa y por una cantidad de personas interesadas en el asunto criminal, que tiene a México en la boca de las voces internacionales. Chávez Flores dijo: “Acabo de presentar mi renuncia ante la disyuntiva de hacer lo correcto y conservar el cargo”, anunció Chávez Flores antes los rostros estupefactos de la concurrencia en las oficinas de la visitaduría. No lo dijo explícitamente, pero para nadie era un secreto que la dimisión o la renuncia de su cargo se debía a las conclusiones de su investigación contra el intocable Tomás Zerón, amigo y protegido del Presidente Enrique Peña Nieto, —quien dijo---: “quienes trabajamos en la visitaduría tenemos la obligación de depurar el sistema de justicia en nuestro país; aquí lo que hacemos tiene un valor trascendente. Se trata de que México se perfeccione en la creación y desarrollo de sus instituciones, especialmente en la investigación, donde debe de lograrse la justicia”, agregó el joven abogado.
Cuando terminó su emotivo discurso, los funcionarios de la visitaduría lo despidieron con un aplauso que se prolongó más allá de su presencia, en medio de decenas de elementos de la PGR que durante casi dos años participaron en actos de tortura, detenciones ilegales, persecución y manipulación de pruebas durante la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Durante varios meses la procuradora, otros subprocuradores de la PGR y el propio Zerón presionaron al visitador Chávez Flores para que cambiara las conclusiones de su indagatoria sobre el río San Juan. Chávez Flores se negó a ser el cambio de conclusiones que liberan de responsabilidad al gobierno de la Republica junto con el ejército, la PGR, la procuraduría estatal de Guerrero, sus ayuntamientos y policías locales, no obstante ser amenazado por escrito. El visitador le explicó a Arely Gómez el efecto negativo de ignorar la irregularidades en las diligencias en el río San Juan y el basurero de Cocula, no tenía sentido ocultarlas porque tarde o temprano saldrían a la luz cuando interviniera una corte internacional.
Sin embargo, el Presidente Peña Nieto le dio instrucciones a su procuradora Arely Gómez para que el visitador Chávez Flores dejara el cargo. Asímismo le pidió que el incómodo “acuerdo de conclusiones” nunca se hiciera público. Ya movería él a su hombre de confianza a otro sitio donde le fuera más útil.
Zerón de Lucio en momentos ríspidos sobre la averiguación le dijo a Chávez Flores: “El problema es contigo, el presidente está molesto, tus conclusiones nos condenan”, a lo que le contestó: “Mira Tomás la investigación que realicé es exacta y la determinación es que fue un crimen de estado. No es posible cambiarla, no es posible cambiarla, no es posible cambiarla, aumentando el sonido de la voz”, le respondió el visitador.
Las conclusiones que ponían en el banquillo de los acusados a Zerón no era una sorpresa ni siquiera para él mismo, que había tenido acceso a la indagatoria. Sin embargo, todos los involucrados y responsables de la matanza le echaban la culpa al visitador, a pesar de que en las conclusiones preliminares del visitador sobre la averiguación previa, firmadas por 5 ministerios públicos adscritos a la visitaduría general, la PGR y el gobierno de Peña Nieto han ocultado estos documentos y es hasta que la investigación emprendida por la escritora Anabel Hernández, ha surgido a la luz pública la verdad de los hechos.
El contenido de estos documentos internos de la PGR es de interés público no sólo por el derecho a la verdad de las víctimas, el cual es un hecho fundamental, sino para la indispensable rendición de cuentas en el caso de desaparición forzada más importante de las últimas décadas en México.
La investigación contra el titular de la AIC concluyó que eran inválidas todas las actuaciones del río San Juan porque las ilegalidades cometidas antes y después de las inspecciones en el lugar tenían un efecto corruptor en las pruebas (tortura, muerte, los marinos). Por lo tanto, echaban por tierra, jurídicamente hablando, “la verdad histórica” que el gobierno de Peña Nieto había defendido hasta entonces, sin importar el costo político, pues en la lectura de Los Pinos cualquier costo era mejor que el que se pagaría si se supiera la verdad.
El borrador del visitador legal practicada a todo el expediente relacionado con el caso Ayotzinapa determinó que la SEIDO debía replantear de fondo su investigación para dar con el parador de los 43 normalistas desaparecidos y con los responsables del ataque contra ellos, el camión donde viajaban los jugadores del equipo de futbol Avispones, donde murieron 6 personas y decenas resultaron heridas. Esas nuevas líneas de investigación debían enfocarse en la Policía estatal de Guerrero, la Policía Federal, el 27 Batallón de Infantería y lo ocurrido particularmente a los autobuses Estrella de oro 1531 y 1568.