La diputada
Erika Alcaraz Sosa propuso reformar la Constitución Política del Estado, para
eliminar a los representantes populares federales y locales del catálogo de
servidores públicos que deben separarse 90 días antes de la jornada electoral.
Para eliminar a representantes populares del catálogo de
servidores públicos
Chilpancingo, Gro., 17 de Mayo de 2017.- La diputada Erika Alcaraz
Sosa propuso reformar la Constitución Política del Estado, para eliminar a los
representantes populares federales y locales del catálogo de servidores
públicos que deben separarse 90 días antes de la jornada electoral.
Y es que la diputada argumenta que la condición de representantes populares
no implica inequidad en la contienda electoral, pues carecen de la utilización
de recursos públicos o programas sociales.
En lo que fue la sesión de la Comisión Permanente, la diputada señaló que
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció
por que las normas que prevén los requisitos para acceder a un cargo público sean de
excepción, y establece
el catálogo de
cualidades y calidades que un ciudadano debe reunir para aspirar, por lo que
las mismas deben considerarse como limitativas o taxativas, y no enunciativas.
“Eso significa que
en caso de que un ciudadano cumpla con todos los requisitos que las normas
electorales disponen, se encuentra en aptitud de postularse y en su oportunidad
ejercer el encargo respectivo, sin que se puedan establecer mayores limitantes
que aquellas que el legislador en ejercicio de su facultad para crear un orden
jurídico determinó que eran
indispensables para acceder al mismo, ya que admitir lo contrario se traduciría en el impedimento y obstrucción injustificada del derecho a ser votado”, agregó.
Además, en la misma iniciativa la diputada propuso que sea la Fiscalía
General del Estado y no el Congreso local, la que designe directamente a los
fiscales especializados, especiales y regionales, y sólo designe al titular de
la Fiscalía de Delitos Electorales con las dos terceras partes de los miembros
del Congreso.
En otro punto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una
iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para establecer que el delito de posesión ilegal de armas de fuego
exclusivas para las fuerzas armadas se considere como grave.
Ambas iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado y de
los Estados Unidos Mexicanos se turnaron a la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen
correspondiente.