De acuerdo con un informe interno de la PGR,
al menos 6 de los presuntos responsables directos de la desaparición y muerte
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre éstos Agustín García Reyes “El
Chereje”, Jonathan Osorio Cortez “El Jona”, y Patricio Reyes Landa “El Pato”,
fueron víctimas de tortura y otras irregularidades en el proceso, por lo que
podrían recuperar su libertad. (Fotos: Archivo EDDLT).
Víctimas de
tortura y otras irregularidades…
* Informe de la
PGR desmiente la ‘Verdad Histórica’ sobre Ayotzinapa
Agecias/El Universal
Ciudad de México.-
Luego de que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación,
escuchara un reporte sobre el Caso Ayotzinapa, en donde se menciona que hay
pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43
normalistas, quedó estupefacto y convocó a los titulares del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la
República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía
Federal.
El temor fue que, a
futuro, una investigación que llegase a probar que no cumple el debido proceso
corre el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición
de los estudiantes en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de
2014, señalaron fuentes federales consultadas, informó El Universal.
Tiempo después, en
agosto de 2016, la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón de Lucio
como director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo plagada de
presuntas ilegalidades, según el informe que en ese momento integró la
Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, mismo que fue enlatado
y desechado oficialmente.
Se solicitó a la PGR
una postura al respecto, pero ratificó que es un documento no oficial y la
Secretaría de la Función Pública (SFP) no respondió, pese a que los padres de
los 43 normalistas litigan en tribunales la sanción a los funcionarios
señalados en el informe no reconocido de la Visitaduría General.
Fuentes del gobierno
federal admitieron que existe la posibilidad de que la investigación de la PGR
en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea
controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos
porque se violó la ley: hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se
realizaron diligencias fuera de la ley en el río donde supuestamente hallaron
cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los
ministerios públicos.
En el Cisen se
realizaron reportes en la primera semana de octubre en donde aseguraba que los
jóvenes habían sido incinerados y arrojados en bolsas al río San Juan. Tiempo
después, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam,
el 7 de noviembre de 2014, dijo en conferencia de prensa: “Un homicidio de un
amplio número de personas en la zona de Cocula”.
En el río
El documento
elaborado por César Chávez, visitador de la PGR hasta antes de presentar su
reporte el 18 de agosto de 2016, señala que las retenciones que hizo la
Ministerio Público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, en particular de Agustín
García Reyes, alias El Chereje, fueron “de manera ilegal y arbitraria”, además
de que el certificado médico de esa persona fue entregado por la Marina el día
27 a las 23:15 horas, pero el reporte se fechó el día siguiente sin hora
precisa. “Blanca Alicia Bernal Castilla estableció que había recibido el
dictamen médico el día 27 de octubre a las 23:15 horas, cuando el teniente
Javier Castro, de la Marina, no había concluido la valoración”, cuestionó la
Visitaduría.
Adicionalmente,
señala el documento, García Reyes fue llevado de forma ilegal al río San Juan
el día 28 de octubre, en la diligencia encabezada por Tomás Zerón de Lucio,
titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sin que la misma
quedara asentada en la averiguación.
Sólo se supo de ella
hasta que se conoció públicamente el video donde Zerón lleva a cabo una
inspección fuera de toda norma. La Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) permitió a la AIC de Zerón de
Lucio esa maniobra, “sin causa legal que lo justificara”.
Destaca que el
presunto responsable, Agustín García Reyes, fue llevado al río en un
helicóptero Bell-412 matrícula XC-JBX sin su abogado, como obliga la ley. Todo
el personal que apoyó ese día —28 de octubre— a Zerón no respetó las
formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia y omitió
asegurar debidamente el lugar de los hallazgos. Además, a Zerón se le imputa
infracción al derecho de defensa de García Reyes por estar ahí sin su abogado
defensor.
La presencia en el
lugar de los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez “reviste un carácter
ilícito”, añade el documento.
Tortura
El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recalcó en su informe del
24 de abril de 2016 que, pese a que el video donde se ve a Zerón con otros
servidores públicos en el río el 28 de septiembre, éste hecho nunca se registró
en el expediente. Peor aún, el GIEI demostró que hubo un parte médico de la
Marina —que fue quien lo detuvo– en donde García Reyes no presentaba lesiones,
pero 11 horas después lucía 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de
sangre seca.
En uno de los
documentos de prueba, la Visitaduría entrevistó a Miguel Ángel López, elemento
de la Policía Federal Ministerial, quien confirmó que García Reyes, El Chereje,
fue sacado de una celda en la SEIDO mediante un “oficio por cese de custodia”.
De ahí fue llevado por Zerón de Lucio a Cocula, pero esto último no se registró
en la indagatoria.
La Visitaduría
recogió el testimonio de García Reyes el 24 de junio de 2016: “Yo estaba
detenido en la SEIDO, en una celda, y nomás me sacaron y me subieron a un
helicóptero y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar al puente
del río San Juan y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no
lo hacía me iban a torturar, entonces yo contesté que sí (…) ya en el río uno
de ellos vestido de negro me llevaba del cuello y me dijo que si intentaba
correr me iba a disparar. Ya llegando hasta las bolsas hice lo que me habían
dicho”. Además, dijo que en la aeronave iba Tomás Zerón.
Al preguntar a El
Chereje si en esa diligencia estuvo acompañado de un defensor su respuesta fue
“No. Sólo había wachos [soldados]”.
Retenciones ilegales
Dos de los siete
detenidos, Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, fueron ubicados en
Ahuatepec, Morelos, por la Marina a las 13:20 horas del 27 de octubre,
“detenidos en flagrancia” y portando armas de fuego.
Sin embargo, para la
visitadora esta circunstancia no es probatoria en absoluto. Prácticamente lo
mismo ocurrió con los casos de Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa y
Darío Morales Sánchez, el 27 de octubre, en el poblado de Apetlanca en
Guerrero.
“Los detenidos
manifestaron de forma espontánea pertenecer a la organización delictiva
Guerreros Unidos y haber sido partícipes de la ejecución y desaparición de los
43 estudiantes normalistas”, señala la indagatoria de la Visitaduría, aunque
pone en duda la firmeza de esta prueba para detener a un individuo.
En particular, la
Visitaduría registra como “retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a
derecho” las de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito
Vázquez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y
Agustín García Reyes, varios de ellos, de los principales testigos del caso.
En el caso de
Poblete, advierte la Visitaduría: “Haber detenido a Jorge Luis Poblete Aponte,
sin hacer el estudio de los requisitos materiales y procedimentales de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como ni siquiera
pronunciarse sobre el supuesto de flagrancia en el que se encontraba el
indiciado, resulta una violación manifiesta al principio de legalidad y
seguridad jurídica (…) también se advierte que su retención ministerial fue a
su vez arbitraria”, y cita los preceptos de ley violados.
También encontró
párrafos idénticos en las consignaciones. Para los casos de Osorio Cortez,
Reyes Landa y Morales Sánchez, la agente del Ministerio Público estableció: “En
forma espontánea manifestaron pertenecer a la organización delictiva Guerreros
Unidos y haber participado en la ejecución de estudiantes de Ayotzinapa, a
quienes quemaron al fondo de un basurero en Cocula, Guerrero, y que después
recogieron los restos, como son sus cenizas, mismas que fueron a tirar al río
San Juan”, pero estas palabras se repiten en la consignación de Reza Jacobo y
Vázquez Martínez.
“Bernal Castilla
dejó en total indefensión a los presentados”, advierte. “Benito Vázquez y Darío
Morales no realizaron confesión delictiva alguna”, establece. De hecho, la
Visitaduría es prolija en señalar las anomalías legales “graves” en que habría
incurrido la Ministerio Público en este caso, lo cual debilitaría la
consignación de los probables responsables.
Multipresencia
Otra contradicción
es que Bernal Castilla “levantó indebidamente” actuaciones ministeriales el día
29 en la Ciudad de México, mientras que “ese día se encontraba llevando a cabo
la diligencia de búsqueda y recolección de indicios en el río San Juan”. La
Visitaduría detectó que Jorge García Valentín, fiscal de la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO,
también “asentó indebidamente fechas y horas contradictorias”, por ello planteó
su remoción de cargo.
En la documentación,
la Visitaduría da cuenta de cómo la misma agente ministerial firmó actas en
Guerrero y en la Ciudad de México al mismo tiempo, lo cual no pudo ocurrir pues
señala que entre las 14:00 y las 15:00 horas estuvo presente en el río
verificando el hallazgo de restos humanos expuestos a fuego directo y que eso ocurrió
hasta las 18:00 horas del 29 de octubre. Y en otras actas oficiales se confirma
su presencia en las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México.
Cuerpos apilados
Algo que llamó la
atención a la Visitaduría fue la declaración de García Reyes. El presunto
homicida admite haber llevado al basurero de Cocula en una camioneta Nissan
blanca a cuatro estudiantes amarrados y boca abajo. Otros presuntos
sicarios ya estaban ahí con otro vehículo y más jóvenes en la misma
circunstancia.
“Empiezan a bajar a los
estudiantes, todos iban amarrados y estaban acostados a lo largo, unos sobre
otros boca abajo (…) veo que El Cepillo, El Guerreque, El Primo y El Bimbo
llevaban armas cortas y todos ellos disparan hacia donde estaban amontonados
los estudiantes, incluyendo El Cochiloco. Les disparan a la cabeza a todos y
detonando varias veces a los que estaban en la parte de arriba, siendo como
unos 20 ó 22 personas”.
La Visitaduría pone
en duda que hubiesen llevado a los 43 jóvenes todos apilados, sin moverse o
gritar, pero García continúa en su relato que a los muertos “los agarraban de
los pies y las manos y los columpiaban para poderlos aventar al fondo del
basurero y los que quedaban vivos los bajaron caminando”.
Sanciones
El visitador
determinó remover de su cargo a Blanca Alicia Bernal Castilla y al fiscal
antisecuestros de la SEIDO, Jorge García.
También resolvió que
los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez,
cometieron irregularidades y debían ser removidos por incurrir en perturbación
ilícita y omisión en la preservación de indicios, omisión de peritajes y falla
en la cadena de custodia (acciones que se deben tomar para preservar evidencias
de un crimen), lo cual es sancionado por el Código Federal de Procedimientos
Penales.
Propuso dar vista a
la SFP para que actuara en contra de Tomás Zerón, además de que podía ser
castigado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos. En la misma circunstancia la Visitaduría puso al
fiscal antisecuestros de la PGR, Jorge García Valentín.
En la página de
internet de la SFP relativa al registro de servidores públicos sancionados no
aparece ninguno de los aludidos.
Fuentes oficiales
del gobierno federal dijeron que confían en que de ser confirmadas estas
anomalías puedan ser subsanadas por la PGR.
Sin embargo,
recordaron, que en sus recomendaciones, el GIEI les hizo saber que deben
sustentar bien las investigaciones.