Abrevando
José Antonio Lavín Reyna
“Somos lo que hacemos”
La piedra en el zapato.
En México y en otros países se tienden a confundir ciertos términos,
como cuando la marca es el producto. Por ejemplo, se le llama Kleenex a
cualquier pañuelo desechable, Aspirina al ácido acetilsalicílico. Se confunde
Tampax con los tampones, el líquido corrector de escritura Tipp-Ex, con
cualquier otra marca: Liquid Paper, Kores o Bic Aqua , las hojas de papel
auto-adhesivo Post-it con cualquier otra marca y en algunos países Bimbo con
cualquier otro pan de pan de caja.
Lo mismo sucede con el uso cotidiano de términos con conceptos con
el cual se identifica a un fenómeno en especial y llega a confundir a uno con
otro que le es semejante, pero que guarda diferencias respecto al primero,
llegándose al extremo de manejarlos como verdaderos sinónimos; por lo que es
necesario formular las distinciones del caso y delimitar el alcance preciso de
cada concepto. Así pues, el común de la gente en México identifica como
sinónimos los términos burócrata como un trabajador al servicio del Estado,
funcionario, empleado y servidor público, y los utiliza indistintamente para
designar en la mayoría de las veces peyorativamente a quien ha hecho de la
administración pública su modus vivendi; sin embargo, es importante precisar
que no toda persona que presta sus servicios al Estado es un servidor o
funcionario público, ya que existen personas que ocupan un puesto honorífico o
también personas que prestan servicios, proveen bienes o llevan a cabo obra
pública mediante contratos administrativos o contratos privados.
La actividad laboral de los servidores en ejercicio de sus facultades
dentro de la administración pública, llámese federal, estatal o municipal, es
un dinamismo que está en la mira de los ciudadanos y, por tanto, susceptibles a
ser criticados por su desempeño laboral, con un servicio muy poco elogiado por
falta de convicción a la asistencia de la ciudadanía, siendo que los mismos
pueden ser acreedores, desde responsabilidades administrativas, penales,
civiles y políticas, por incumplimiento a la normatividad.
México cuenta con un sinnúmero de instrumentos jurídicos para sancionar
a los servidores públicos y aun así existe una excesiva impunidad de algunos
funcionaros públicos, haciendo énfasis de que algunos ciudadanos son partícipes
de la fomentación a la corrupción. Así como también no hay que olvidar que
estas prácticas desleales por parte de los funcionarios públicos ponen en juego
el patrimonio del Estado, por tal motivo, hay que enriquecer o mejorar toda ley
para contar con una supervisión más efectiva y sanciones más severas a aquellos
que atenten contra el erario público.
Los servidores públicos que lleven a cabo actos que carezcan de
honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficacia podrán ser sancionados.
Durante las últimas fechas se ha generado una angustia, un desacierto, una
impotencia por parte de la ciudadanía hacia los mismos funcionarios, derivado
de las prácticas desleales hacia la administración pública y hacía el pueblo,
debido al trato que reciben, el enriquecimiento ilícito y la lucha por adquirir
el poder.
Sin lugar a dudas, en el México actual la ciudadanía está exigiendo a
los gobiernos efectividad, legitimidad y participación, que respete,
integre y consensué las peticiones de los grupos minoritarios y vulnerables que
no alcanzan a alzar su voz, para exigir una administración pública justa,
transparente, donde no prevalezca la impunidad e impere la justicia.
Algo Más…
A contracorriente de lo que les sucedió en la República Mexicana a los
grandes grupos constructores de casas como ARA, GEO y Mi Casita, los
cuales tuvieron que declararse en suspensión de pagos por problemas
de liquidez, algunos por las grandes compras de activos (terrenos), al igual
que por el cambio de las reglas de juego al promoverse casas con mayor
dimensión, propiciar menos hacinamiento, cumplir con normas más estrictas
en el uso del suelo y la aparición de PROFECO como autoridad para exigir
el cumplimiento de la calidad de las construcciones por parte del
constructor. En nuestra ciudad, el fenómeno es a la inversa debido a la
laxitud de la autoridad, lo que ha llevado al surgimiento de fraccionamientos
que claramente no cumplen con los requerimientos que la Ley vigente en la
materia estipula. Se visualiza un contubernio de empresarios con funcionarios
del Gobierno del Estado y Municipal, puesto que nunca les han exigido lo
establecido en la Ley para otorgar los permisos de uso de suelo y de impacto
ecológico, lo cual se puede notar al ver que los lugares donde construyen y
construyeron dichos fraccionamientos los cuales están fuera del Plan Director
de Desarrollo Urbano de la ciudad. Nunca se les ha exigido -como marcan las
normas de construcción de desarrollos inmobiliarios- que provean el agua a sus
desarrollos través de la perforación de pozos profundos- esta se las dota
CAPAMI, lo cual va en detrimento de la calidad de vida del resto de los
habitantes al reducirse notablemente el flujo de agua a las colonias populares
y al centro mismo de la ciudad, menos aún los han obligado a construir plantas
tratadoras de aguas residuales, desconociendo la forma en que se conectan
al sistema de alcantarillado, puesto que algunos de sus desarrollos están lejos
de las redes municipales.
Lamentablemente obtener la autorización es tan fácil con el
soborno a algunos personajes dentro del gobierno y de esta manera evaden el
cabal cumplimiento de la normativa que si les pedirían a otros grupos
desarrolladores.
Se puede decir, que los desarrolladores inmobiliarios generalmente los
inician sin tener los permisos correspondientes, los trámites se hacen al
revés, construyen primero y luego dizque entregaran la documentación, así
que deciden me instalo primero y luego reviso si hay factibilidad de agua y el
estudio de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo, licencias de
construcción.
En un país con una cultura de corrupción nunca habrá
problema, esto se arregla con dinero. Ha sido práctica común de los
inversionistas hacer lo que quieran; aquí pueden contaminar y nadie se
los reprochará; aquí los gobernantes son corruptos y con una lanita se hacen de
la vista gorda; aquí compran los terrenos a un precio simbólico por estar fuera
de la mancha urbana; al ser amigos de los políticos se aprovechan de eso para
violar las leyes; reciben ayuda del gobierno para incrementar sus
utilidades. Los trapitos nunca saldrán al Sol, entonces, el mensaje que
estremece es que la corrupción manda.
CCXCV.-Cuando escribo estas líneas, recuerdo que me mandan mensajes
subliminales de que antes de criticar, debemos ver nuestro contexto, sin saber
que no se critica a la persona, sino al funcionario público, ese que por Ley
tiene una función específica que realizar y su no cumplimiento da origen a
nuestros males. Quizá Usted no está interesado en saber cuántos empleados
cobran sus salarios con parte de su pago predial, de sus derechos y
demás. Quizás habrá otra parte de ciudadanos que sí desee conocer los nombres,
funciones que realiza y el monto de sus salarios. Eso es por Ley. No es justo
que sigamos siendo un pueblo sin servicios eficientes, pero eso sí cada vez entran
más amigos del alcalde a ocupar puestos improvisados, que cobran salarios
mayores a los que gana una señora lavando, planchando, haciendo el aseo en
casas, sin hacer un trabajo productivo. Este fin de semana incorporó tres
nuevos.
Cada vez más cerca la puesta en operación por el Ayuntamiento, de
la app, no se sabe si gratuita o con costo, que nos comunicara a los habitantes
que calles y colonias son y no son de alto riesgo.