LECTURA POLÍTICA
Noé
Mondragón Norato
Saúl Beltrán: impunidad por
ostracismo
El escándalo alcanzó
muy altos decibeles mediáticos. Traspasó incluso, las fronteras. El peso del
crimen así lo ameritaba. Pero como casi siempre ocurre en los sinuosos y
torcidos laberintos del poder, hubo arreglos soterrados. Pactos
inconfesables. Acuerdos en la oscuridad que se tradujeron en impunidad. Y
por eso se entiende que al ex edil priísta de Tlapa, Willy Reyes Ramos, no
lo alcanzara el manco y podrido brazo de la justicia. Hoy, el caso
del diputado local tricolor Saúl Beltrán Orozco, amaga con instalarse en un
carril muy similar. Basta con observar algunas elocuentes pistas para entender
su propia dinámica.
SAÚL: IMPUNIDAD POR
OSTRACISMO.- El crimen del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz
–ocurrido en septiembre de 2011-, cimbró a la política local. Y de ahí vino
todo lo demás: 1.- Las primeras pesquisas de la Procuraduría de
Justicia, apuntaron como responsable intelectual de ese proditorio
asesinato, al entonces edil de Tlapa, el priísta Willy Reyes Ramos.Su abogado defensor –el
actual Fiscal del Estado, Xavier Olea Peláez- hizo lo que pudo por alegar
su inocencia. Y si no ganó ese litigio, por lo menos logró tiempo para que
el asunto se enfriara. Y Willy tuviera tiempo de escapar. La 59
legislatura del Congreso local –pese a las evidencias y pruebas presentadas
por el ex procurador Alberto López Rosas-, prolongó deliberadamente el
asunto. Incluso, López Rosas dijo en su momento que “ya tenía la
orden de aprehensión contra Willy Reyes y solo esperaba que el
Congreso local determinara su desafuero para detenerlo”. Los
coordinadores del PRI, Héctor Vicario Castrejón –hoy, investido
nuevamente como diputado local, por obra y gracia del grupo político figueroísta-
y del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán –quien se desempeña actualmente como
dirigente estatal de dicho partido-, le dieron muchas vueltas al asunto. Tuvieron diez
meses para emitir el desafuero contra Willy. Y no lo hicieron. Terminaron
por entregar el caso a la 60 legislatura que comenzó en
septiembre de 2012, y cuyo coordinador de fracción tricolor fue
curiosamente, el actual gobernador Héctor Astudillo Flores. Y
del PRD, Bernardo Ortega Jiménez. Ambos hicieron lo mismo. Le echaron
frío al calor de ese crimen. En enero de 2016, el fiscal
Olea Peláez, afirmó que había una orden de aprehensión contra el
ex edil de Tlapa –ya sin fuero y más de cuatro años después-, por el asesinato
del diputado Moisés Villanueva. Era “prófugo de la justicia y podría
ser detenido en los próximos días”. Nada pasó. Willy gozó de las
complicidades del poder priísta y perredista. Eso sí, padeció un
solo castigo: a cambio de impunidad, obtuvo ostracismo. Así
como ocurre hoy con el ex gobernador priísta de Veracruz, Javier
Duarte, a quien sospechosamente, la federación tricolor no puede encontrar por
ningún lado. El manco y podrido brazo de la Ley no alcanzó a ninguno de ellos.
Para variar, priístas los dos. 2.- El Fiscal Olea Peláez, reapareció en el
espinoso asunto del diputado local priísta, Saúl Beltrán Orozco, vinculado
presumiblemente, a dos asesinatos derivados de su amistad y
compadrazgo con Reybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, líder
de un grupo delictivo que tiene asolado el municipio de San Miguel
Totolapan. Y como ya es su costumbre, el funcionario hizo gala de la
mitomaníacon que se ha vendido reiteradamente. Presentando a la Oficialía de
Partes del Congreso local, la Declaratoria deProcedencia, como antesala
para quitarle el fuero al legislador calentano. Pero de aquí a que
eso ocurra, hay bastante tiempo. Se entiende que, como en el caso de Willy
Reyes, forma parte de la estrategia parlamentaria tendiente a enfriar
el asunto. Es decir, Saúl Beltrán puede estar tranquilo. Una máxima en
política dicta que “a los políticos no se les castiga por corruptos,
sino por tontos”. Y el diputado tricolor calentano, como el ex edil
priísta tlapaneco Willy Reyes y el ex gobernador de Veracruz por el PRI, Javier
Duarte, podría canjear impunidad, por ostracismo.
HOJEADAS DE
PÁGINAS…No son más de 350 mil pesos mensuales los que la
SEG quiere cercenarles del Bono Mensual por Tiempo Completo, a los
trabajadores administrativos de los cinco Cendis distribuidos en Chilpancingo,
Acapulco e Iguala. ¿A dónde quiere destinar esos dineros el secretario de
Educación, José Luis González de la Vega Otero, en claro afán gandallesco
y arbitrario, contra empleados que sí lo desquitan
trabajando y no emulando a un ineficaz burócrata como él?