LECTURA POLÍTICA
Noé Mondragón Norato
Congreso local: actuar con urgencia
El
Congreso local quedó en la mira ciudadana. Porque
hay dos asuntos que los diputados de todas las
fracciones parlamentarias y partidistas están obligados a resolver a la
brevedad: las toneladas de basura acumuladas por todas las calles de la capital y
la obligada licencia del alcalde priísta, Marco
Antonio Leyva Mena, para separarse de un cargo que le vino demasiado grande. Y
la polémica en torno al urgente desafuero del
diputado local tricolor por el distrito 17, Saúl Beltrán
Orozco, a quien las autoridades ya descubrieron su relación de
compadrazgo con Reybel Jacobo de Almonte, líder de la organización
delictiva Los Tequileros, que opera en el municipio de
San Miguel Totolapan. Y un homicidio derivado de la misma. Hay que ir por
partes.
DOS PRIÍSTAS EN LA CUERDA FLOJA.- Hasta el momento, los diputados del Congreso
local no han fijado postura ni intervenido para destrabar dos asuntos de “urgente
y obvia resolución”: 1.- La plaza
Cívica de Chilpancingo se convirtió en una inmundicia. Porque
los recolectores particulares de la basura, ya no tiene dónde tirarla. Y
optaron por estacionar sus unidades llenas de múltiples desechos con olores
fétidos en dicha plaza. Le aventaron toda la responsabilidad al edil tricolor,
Marco Antonio Leyva Mena, quien se quedó estático ante el
conflicto. Esperaba como siempre, que el gobernador Héctor Astudillo, le
enderezara la plana. Esta vez las cosas se agravaron. Porque incluso, la
Secretaría de Salud ya supervisa varias calles y el propio zócalo de la
capital, a fin de ubicar y detectar focos de infección. Es
evidente la responsabilidad política de la
autoridad municipal encabezada por Leyva Mena, al no atender desde
el inicio de su administración, un problema que como hoy, ya le
reventó. Y está obligando literalmente y por la creciente presión
social, a la intervención del Congreso del Estado, a fin de
cuestionar su desempeño como edil. Eventualmente incluso, obligarlo a
pedir licencia ante su apatía e incapacidad para
darle un cauce favorable y resolutivo a este problema. Los
diputados locales están comprometidos en esta coyuntura, a la aplicación
puntual del artículo 8 fracción 26 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo. De otra forma, se percibirán apáticos. Y
hasta cómplices de esta irregularidad que afecta a todos los
ciudadanos de la capital. 2.- El diputado local priísta por el
distrito 17 de la Tierra Caliente, Saúl Beltrán Orozco, ya tocó fondo. Porque
desde el pasado 9 de enero, una jueza de Chilpancingo, libró orden de
aprehensión en su contra, acusándolo de ordenar la muerte de
José Antonio Ceferino Gil, un empleado de la comuna de San Miguel Totolapan,
cuando Saúl se desempeñaba como alcalde de dicho municipio. Al respecto y desde
el pasado 18 de enero, el fiscal Xavier Olea Peláez, anunció
que “ya se investigaba al ex alcalde y actual diputado local, Saúl Beltrán. Muy
pronto verán la actuación de la Fiscalía, todo, conforme a la Ley”. El
punto es que la actuación de la Fiscalía fue de mero trámite mediático. Y
fue a través de un noticiero nacional donde se reveló la orden de aprehensión
contra el actual legislador local del PRI. ¿Acaso sabía el Fiscal acerca de la
misma y por eso se aventuró a decir que ya se investigaba a dicho personaje? ¿O
como suele ocurrirle, se le adelantaron para dejarlo muy mal
parado? Lo cierto es que en la actual coyuntura de aguda crisis
política derivada del gasolinazo y el aumento
de precios a los productos de la canasta básica, los diputados locales de todas
las fracciones legislativas y partidistas, están obligados a ponerse
en los pies de sus representados. Y darle una urgente
salida a estos dos asuntos que carcomen y muy fuerte, al PRI.
¿O es que acaso terminarán encubriendo y protegiendo tanto
al edil de Chilpancingo, como a su propio compañero de bancada legislativa? Las
cartas ya están echadas.
HOJEADAS DE PÁGINAS…En una negociación sostenida con trabajadores
administrativos de los Cendis 1 y 4, a quienes la SEG les dejó de pagar
el bono compensatorio mensual, el secretario técnico de dicha
dependencia, Jorge Sotomayor Landeta,prometió hacer efectivo el pago en
los días siguientes. Pero pidió confianza en su palabra y que
los inconformes regresaran a laborar. Lo que no admitió, es que los
estaba engañando. Y desde luego, la negociación fracasó. Con
esas artimañaspretende arreglar las cosas el secretario de
Educación, José Luis González de la Vega Otero.