Líder
de GU e implicado en la desaparición de los 43…
Revocan auto de formal prisión
contra Sidronio Casarrubias S.
*
El juez encontró violaciones a los derechos humanos del detenido…
Agencia Reforma
Un tribunal federal revocó el auto de formal prisión por delincuencia
organizada dictado en octubre de 2014 contra Sidronio Casarrubias Salgado,
líder del grupo delictivo Guerreros Unidos y uno de los principales implicados
en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado Penal en Toluca encontró cinco violaciones a derechos humanos de Casarrubias en el auto de prisión dictado por el juzgado Segundo de procesos penales federales en el Estado de México.
La sentencia notificada el 26 de agosto no implica que Casarrubias será liberado, pero sí obliga al juez Oscar García Vega a encontrar elementos para dictar un nuevo auto de prisión, y justificar la existencia del cargo de delincuencia organizada.
Esta vez el juez no puede tomar en cuenta dos autos dictados en otras causas penales, que sirvieron de sustento para probar la existencia del grupo delincuencial Guerreros Unidos, pues esos documentos no fueron aportados por la PGR, sino recabados por el propio juzgado de un sistema de internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Ese proceder constituye una violación al principio constitucional de igualdad y equilibrio procesal entre las partes, porque con su actuación la responsable (el juzgado) ejerció una doble función, como juzgador y auxiliar del Ministerio Público, al realizar acciones de investigación en la página Infomex del CJF para allegarse de un elemento que llegó a constituir una prueba de cargo, con lo que contribuyó al perfeccionamiento del material probatorio que sirvió de base del ejercicio de la acción penal”, resolvió el tribunal colegiado.
García Vega tampoco puede dar pleno valor testimonial -aunque sí puede tomar en cuenta- a dos declaraciones de integrantes de Guerreros Unidos ante la PGR, pues dichas declaraciones no habían sido admitidas por un juez en algún proceso.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sólo permite usar testimonios recabados en otras averiguaciones cuando ya han sido incorporados a un juicio.
El juez también tiene que revalorar si cuenta con pruebas directas de la participación de Casarrubias en delincuencia organizada, porque en el auto de prisión original se afirmó que sólo existían “pruebas circunstanciales”.
Otra orden del tribunal al juez es investigar con base en el Protocolo de Estambul si existió la tortura denunciada por Casarrubias, y en su caso si tuvo efectos sobre las pruebas del proceso. Los peritos médicos de la PGR afirmaron en octubre de 2014 que el detenido estaba en buenas condiciones, y Casarrubias sólo mencionó la tortura hasta que compareció ante el juez, no en la declaración ministerial que rindió en presencia de un defensor público.
El tribunal sí confirmó el auto de prisión por portación de armas prohibidas, pues el 16 de octubre de 2014, Casarrubias y Norma Alarcón Mejía fueron detenidos cuando portaban tres armas, entre ellas un fusil de asalto Norinco Mak-90 Sporter calibre 7.62.
El Primer Tribunal Colegiado Penal en Toluca encontró cinco violaciones a derechos humanos de Casarrubias en el auto de prisión dictado por el juzgado Segundo de procesos penales federales en el Estado de México.
La sentencia notificada el 26 de agosto no implica que Casarrubias será liberado, pero sí obliga al juez Oscar García Vega a encontrar elementos para dictar un nuevo auto de prisión, y justificar la existencia del cargo de delincuencia organizada.
Esta vez el juez no puede tomar en cuenta dos autos dictados en otras causas penales, que sirvieron de sustento para probar la existencia del grupo delincuencial Guerreros Unidos, pues esos documentos no fueron aportados por la PGR, sino recabados por el propio juzgado de un sistema de internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Ese proceder constituye una violación al principio constitucional de igualdad y equilibrio procesal entre las partes, porque con su actuación la responsable (el juzgado) ejerció una doble función, como juzgador y auxiliar del Ministerio Público, al realizar acciones de investigación en la página Infomex del CJF para allegarse de un elemento que llegó a constituir una prueba de cargo, con lo que contribuyó al perfeccionamiento del material probatorio que sirvió de base del ejercicio de la acción penal”, resolvió el tribunal colegiado.
García Vega tampoco puede dar pleno valor testimonial -aunque sí puede tomar en cuenta- a dos declaraciones de integrantes de Guerreros Unidos ante la PGR, pues dichas declaraciones no habían sido admitidas por un juez en algún proceso.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sólo permite usar testimonios recabados en otras averiguaciones cuando ya han sido incorporados a un juicio.
El juez también tiene que revalorar si cuenta con pruebas directas de la participación de Casarrubias en delincuencia organizada, porque en el auto de prisión original se afirmó que sólo existían “pruebas circunstanciales”.
Otra orden del tribunal al juez es investigar con base en el Protocolo de Estambul si existió la tortura denunciada por Casarrubias, y en su caso si tuvo efectos sobre las pruebas del proceso. Los peritos médicos de la PGR afirmaron en octubre de 2014 que el detenido estaba en buenas condiciones, y Casarrubias sólo mencionó la tortura hasta que compareció ante el juez, no en la declaración ministerial que rindió en presencia de un defensor público.
El tribunal sí confirmó el auto de prisión por portación de armas prohibidas, pues el 16 de octubre de 2014, Casarrubias y Norma Alarcón Mejía fueron detenidos cuando portaban tres armas, entre ellas un fusil de asalto Norinco Mak-90 Sporter calibre 7.62.