Homicidios cometidos en Caso Iguala
no han sido atraídos por la PGR
Laura Barranco
El director de la
Oficina Especial del Caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, reportó que
a dos años de los sucesos violentos de Iguala, los 6 homicidios registrados,
entre ellos el del normalista Julio César Mondragón, y las investigaciones por
las personas lesionadas aún se investigan en el fuero común y no han sido
atraídos por la PGR.
En entrevista para
Aristegui Noticias, afirmó que desde el primer informe de la CNDH, en julio del
año pasado, se recomendó la pertinencia de que agrupar estas investigaciones
con la desaparición de los 43 normalistas, “entonces no puede uno disociar ni
separar por lógica elemental y también por lógica jurídica estos hechos”,
opinó.
Verdad histórica,
“expresión” de Murillo
El maestro José
Trinidad considera que la verdad histórica sólo “fue una expresión del ex
procurador” Jesús Murillo Karam, “refiriéndose a lo que estaba reportando” en
ese momento, pero que al tratarse de una averiguación abierta se le han seguido
agregando elementos y por lo tanto se ha modificado la hipótesis inicial.
Admitió que puede
haber diferencias entre los informes de la propia PGR, como del GIEI y de la
CNDH: “hay una de ellas tiene que ver con el presunto incendio en el basurero
de Cocula, dato que ha descartado por completo el GIEI en contradicción con lo
que ha venido sosteniendo la PGR. La CNDH piensa que lo más importante es que
la ciencia pueda resolver esos aspectos más complicados”. Sostuvo, no obstante,
que se trata de una “sutil diferencia”.
La línea de Huitzuco
Recordó que uno de
los elementos de la llamada verdad histórica fue la hipótesis de que los 43
estudiantes habían sido sustraídos del tercer camión en el cruce Juan N.
Álvarez y Periférico, sin embargo con las investigaciones que han corrido
paralelas a la de la PGR, “se planteó por nuestra parte desde el 23 de julio
(de 2015) la posibilidad de que hubiera una nueva ruta de desaparición, cuestión
que ya quedó más que evidenciada y plasmada en nuestro reporte que hicimos ya
posteriormente el 14 de abril (de 2016) que la temática fue específicamente que
había habido otro autobús que se había adelantado a esta caravana y que fue
interceptado ya en las afueras de Iguala precisamente frente al Palacio de
Justicia y entonces nosotros planteábamos que de 15 a 20 estudiantes de estos
desaparecidos habían sido sustraídos de este camión”.
“Entonces ya vemos
que aquí un grupo de ellos se sustrajo del 1568 pero otro grupo también fue
sustraído para sumar los 43, del autobús 1531 en otro punto de Iguala” y con
destino a Huitzuco, destacó el funcionario de la CNDH y agregó que lo que hace
suponer que se dirigió a este municipio de Guerrero es por el análisis de georeferenciación
de los teléfonos celulares de los normalistas, entre ellos el de Alexander
Mora.
“Esto es importante
porque en el caso particular de Alexander Mora Venancio, algunos de sus restos
fueron conforme a la versión oficial, recuperados en una bolsa del Río San Juan
y se supone que esos restos del Río San Juan corresponden a los que llevaron
del basurero hacia el Río”, es decir a los estudiantes sustraídos del camión
1568, ubicado en el cruce con Periférico y no en el 1531, frente al Palacio de
Justicia, donde la georeferenciación indica que se encontraba su teléfono.
Y enfatizó que
habría que “explicar cómo es que si fue interceptado ahí y sabemos que se los
llevaron a Huitzuco cómo es que los restos de Mora Venancio terminan finalmente
en el Río Cocula (sic) si lo que se había venido diciendo es que los restos de
la bolsa correspondían al basurero”.
Larrieta Carrasco
desestimó que haya diferencias sustanciales entre las investigaciones de la
CNDH con el GIEI, “resulta que cuando uno hace una comparativa de las
observaciones y propuestas que hacemos nosotros y las recomendaciones que hace
el GIEI hay un sin número de similitudes, muchas similitudes que
convergen”.
Destacó que tanto la
CNDH como el GIEI han manifestado en sus informes la posibilidad de “otra ruta
de desaparición” que conduce hacia Huitzuco y que incluso la comisión de
expertos de la CIDH se ha apoyado en los informes de la Comisión para apoyar
sus conclusiones.
Participación de
fuerzas federales
El director de la
Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, asegura que desde julio del
año pasado se destacó a la PGR la posible participación de al menos dos
elementos de la Policía Federal así como de otras fuerzas del orden del estado
de Guerrero, sin embargo debido a las reservas de la investigación no se dijo
públicamente.
“Dos policías
federales, dos elementos que eso es algo que tiene todavía que dilucidar la
procuraduría pero al menos hay algunos indicios ahí que dan para investigarse
como lo propusimos nosotros y que estarían también de alguna forma participando
en los hechos de desaparición”, comentó.
“Respecto a los
militares también pedimos en el segundo reporte que se llamara a declarar a el
elemento militar que presenció una parte de lo que ocurrió en el puente del
Chipote, también pedimos que se declarara en el último reporte que hicimos
sobre el caso de Julio César Mondragón que declararan todas aquellas personas
que tenían que ver con la localización o que se enteraron de la localización
del cadáver”, agregó.
José Trinidad
Larrieta Carrasco aseguró que todas los requerimientos hechos al ejército se
han cumplido en forma, “nos han mandado documentación, de esa documentación que
nos han enviado ha sido útil para hacer los reportes que hemos vertido, en
estos tres reportes que hemos enviado son en base a la información en algún
sentido que nos ha mandado el ejército”.
Puso como ejemplo
que en el segundo reporte que ha hecho la CNDH sobre el caso Iguala, lo
relativo al Puente del Chipote, fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que
proporcionó las fotografías, “de manera que al menos en lo que respecta a la
CNDH hemos requerido información y nos la han proveído”.
Sobre la negativa de
la SEDENA a acceder a algunas solicitudes del GIEI, comentó que el acceso a las
instalaciones militares se había autorizado originalmente y fue por problemas
de agenda de los padres de los normalistas que no se concretó y que la solicitud
para interrogar a los elementos castrenses, es al ministerio público a quien le
corresponde llevar a cabo esta actividad.
Denuncias de tortura
contra detenidos
Larrieta Carrasco
informó que se tienen “abiertos 63 expedientes de queja que corresponden a los
detenidos del caso iguala, 47 de ellos específicamente tienen que ver con el
alegato de tortura”.
Resaltó que dentro
de este grupo se encuentra 15 de los 17 que documentó el GIEI en sus informes y
los 5 mencionados en el reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher en el
semanario Proceso en septiembre del año pasado.
Declaró que el GIEI
no hizo el protocolo de Estambul para determinar la tortura, “el instrumento
internacionalmente reconocido para que sea a través del cual se determine si en
un caso hubo tortura o no y ese justamente, ese instrumento sí lo estamos
aplicando en la CNDH”.
Reveló que además de
lo que resulte de la aplicación del protocolo de Estambul con las 47 personas
que denunciaron tortura, el dictamen se someterá a la opinión colegiada de
abogados, médicos y psicólogos.
130 detenidos por
Caso Iguala
El funcionario de la
PGR aclaró que son 130 las personas detenidas e implicadas con el caso Iguala y
comentó que se manejan otras cifras superiores porque se cuenta a todos los
integrantes de Guerreros Unidos que han sido capturados en el curso de la
investigación por la desaparición de los normalistas.
“Algunos de ellos,
muy pocos algunos de ellos no necesariamente están vinculados a los hechos
pueden pertenecer a la organización criminal pero que no participaron en los
hechos”, indicó.