Bajo Fuego
Los jóvenes perdidos
José
Antonio Rivera Rosales
Al cumplirse dos años del ataque contra los
normalistas de Ayotzinapa, queda más que claro que los jóvenes estudiantes no
fueron cremados en el basurero de Cocula, como preconizaba la versión oficial.
El investigador
español José Torero, especialista en comportamiento del fuego, en días pasados
llevó a cabo un experimento en el campus Gatton de la Universidad de
Quennsland, Australia.
Torero, quien
coadyuvó con los trabajos de investigación del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes, el GIEI, quemó el cuerpo de un cerdo de 70 kilogramos
utilizando 630 kilos de madera. El resultado: cuando el fuego se consumió aún
quedó el 10 por ciento de los restos de la carne.
Torero sostiene que
para quemar 43 cuerpos humanos se habrían necesitado más de 27 mil kilos de
madera y, aún así, habría subsistido un resto de material orgánico. Además, un
fuego tan intenso habría dejado marcas en el tronco de los árboles más
cercanos. No había marcas en los árboles cuando Torero visitó el basurero de
Cocula.
A los resultados de
este experimento habrá que agregar que, la noche de los ataques contra los
jóvenes de Ayotzinapa, hubo una lluvia intensa en la región de Iguala y Cocula,
lo que habría hecho materialmente imposible encender y mantener una pira de
gran dimensión para quemar los cuerpos de los jóvenes estudiantes.
Pero entonces ¿qué
fue lo que sucedió esa noche en Iguala con los muchachos de Ayotzinapa?
En anterior entrega
observábamos que para capturar a todos los jóvenes que corrían por su vida en
medio de una noche lluviosa, se habría necesitado al menos de una fuerza de 150
policías.
Ello induce a pensar
que otras fuerzas, además de los encapuchados de negro, se unió a la Policía
Preventiva Municipal de Iguala para capturar a la mayor parte de los
estudiantes, que bien podrían ser los policías de Cocula y los de Huitzuco.
El informe del GIEI
presentado en abril pasado da cuenta de que los teléfonos celulares de algunos
de los jóvenes se mantuvieron activos aún después de que en teoría fueron
capturados.
El seguimiento de la
activación de las antenas permite saber que uno de los jóvenes, Jorge Aníbal
Cruz Mendoza, envió un mensaje de texto a su madre a las 01:16 horas del día
27, cuando se supone que ya estaban en poder de los sicarios.
No sólo eso: el 28
de noviembre de 2014 salen nuevos mensajes de texto de ese número de celular,
mismo que se siguió utilizando durante los meses de diciembre, enero, febrero,
marzo y abril ya de 2015.
El 9 de febrero de
2015 sale una llamada del mismo celular a otro número propiedad de un familiar
de Jorge Aníbal.
Otro de los
normalistas, Carlos Iván Ramírez Villarreal, activó la antena de comunicaciones
de Villa Guadalupe el día 27 de septiembre de 2014 a las 19:17, cuando se
suponía que ya estaría muerto.
Ninguna autoridad ha
explicado, hasta ahora, cómo es que se utilizó ese número de teléfono 21 horas
después de la detención.
Otro estudiante,
Jorge Luis González Parral, por vía del uso de datos envió un mensaje el 30 de
septiembre de 2014 a las 18:58, aunque en este caso el chip fue cambiado a otro
aparato.
Julio César Patolzin
recibió tres llamadas desde Huitzuco a las 22:21, las 23:47 y las 23:56 el día
30 de septiembre. Posteriormente su teléfono registró otras llamadas que fueron
captadas por las antenas del centro de Iguala.
Un dato inexplicable
es que estos datos nunca fueron utilizados en la investigación oficial
enderezada por la Procuraduría General de la República, la PGR de Jesús
Murillo, hay que aclarar.
Hay más, en
trascendidos confiables que nunca se hicieron públicos, un organismo de
inteligencia civil hizo un seguimiento de las actividades de varios de esos
celulares en las que captaron palabras de los jóvenes en el sentido de que se
encontraban perdidos. Eso ocurrió al menos 15 días después de la fatídica noche
del ataque. Posteriormente tres de esos celulares se activaron en el estado de
Chiapas.
Ese organismo de
inteligencia civil sólo pudo ser el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN).
Una versión más, que
nunca pudo ser confirmada porque las fuentes fueron amenazadas, señala que un
joven que tenía el aspecto de uno de los normalistas desaparecidos, llegó en
estado lamentable a una comunidad del municipio de Huitzuco. En estado de
shock, el joven narró que huyeron por los cerros hasta llegar a la comunidad,
pero que un compañero que lo acompañaba se extravió en esas montañas.
Los habitantes de la
comunidad, por acuerdo con el comisario, decidieron dar parte a la Policía
Municipal de Huitzuco, que procedió a llevarse al joven diciendo que lo
internaría en un hospital. Nunca volvieron a verlo.
Ahora sabemos que
esa noche de los cuchillos largos estuvieron en operaciones de patrullaje las
tropas del 27 Batallón de Infantería, así como la Policía Federal, la Policía
del Estado y los grupos de inteligencia acantonados en la región. Todos ellos
estuvieron enterados, pero nadie intervino en favor de los perseguidos.
A dos años, es
necesario que esta masacre que aclare y se finquen responsabilidades en quienes
estén involucrados. Si están involucrados funcionarios públicos de los órdenes
estatal y/o federal, deben ser llevados inexcusablemente a los tribunales.
Primero la verdad,
después la justicia. Es lo único que coadyuvará a destensar la situación que se
vive en Guerrero como una herida que supura, más ahora que antes.