Miradas de reportero
Por:
Rogelio Hernández López
Moreira
contra Aguayo, otra sombra para el periodismo
Sería de risa saber,
que Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional
del PRI demandó civilmente, por presunto daño moral a su prestigio y honor, al
doctor Sergio Aguayo investigador académico del Colegio de México y
articulista, bien acreditado en ambas actividades. Pero recomiendo no tomar a
chunga el asunto porque es demasiado serio, por las sombras que asoman contra
el ejercicio del periodismo.
Es casi seguro que
de proceder el juicio civil en el Distrito Federal, el otro Moreira perderá, ya
sea en el juzgado o en las instancias siguientes como son los tribunales y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay varios antecedentes de los
ministros de la Corte en defensa de la libertad de opinar cuando no hay
mentiras o dolo en el ejercicio periodístico. Lo preocupante, es la intención
del político: coincido con Aguayo que el fondo de esa demanda es amedrentar
para acallar.
¿’09
Sergio sabe cómo enfrentar estos asuntos con éxito, pero además una de sus fortalezas es esa vasta red de colegas académicos y periodistas afines a sus investigaciones y su activismo social; por años estuvo colocado como acusador de su colega doctor y compadre Primitivo Rodríguez Oceguera; ganó el juicio por daño moral que duró varios años. Hasta donde sé, Sergio condonó al perdedor gran parte de los varios millones que debía pagarle.
Las sombras
¿’09
Sergio sabe cómo enfrentar estos asuntos con éxito, pero además una de sus fortalezas es esa vasta red de colegas académicos y periodistas afines a sus investigaciones y su activismo social; por años estuvo colocado como acusador de su colega doctor y compadre Primitivo Rodríguez Oceguera; ganó el juicio por daño moral que duró varios años. Hasta donde sé, Sergio condonó al perdedor gran parte de los varios millones que debía pagarle.
Las sombras
Insisto, lo
preocupante es el fondo de la demanda de Moreira: amedrentar con la aplicación
de la ley para acallar a un periodista. Sergio entra en la definición de la Ley
de Protección respectiva por sus labores de investigar, opinar y difundir en
medios de prensa.
Si “prende” esa
demanda será por fuerzas extralegales y el mensaje florecerá; si lo acallan a
él, será más fácil con otros menos fuertes.
El caso es rodeado
por la atmósfera nacional de agravios contra periodistas mexicanos para
silenciar. Son demasiados los indicadores: amenazas directas o indirectas,
presión a sus empleadores, agresiones verbales o físicas y asesinatos. Hasta
ahora, el tipo de agresión menos usada por políticos y particulares es la
presión jurídica.
Y, lo jurídico es el
ámbito donde se han creado más restricciones y sombras amenazantes a la
libertad de expresión. No sólo existen los códigos civiles para que la gente de
defienda del periodismo mal ejercido, sino que ya son decenas de normas que
restringen el libre flujo de la información y de las opiniones.
Al respecto he
reflexionado varias veces en esta columna y lo compilé en un ensayo sobre las
vulnerabilidades de los periodistas, difundido por Freedom House y la Casa de
los Derechos de Periodistas A.C. Me autocito:
Hasta hace 12 años, las pocas restricciones a la libertad de expresión (y a sus usuarios principales que son los medios de prensa y los periodistas) estaban en la anacrónica Ley de Imprenta de 1917, en el artículo 6º constitucional (“en caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”); en el Código Penal Federal y sus similares en las 32 entidades por los llamados delitos de honor, calumnia y difamación. Así era.
Hasta hace 12 años, las pocas restricciones a la libertad de expresión (y a sus usuarios principales que son los medios de prensa y los periodistas) estaban en la anacrónica Ley de Imprenta de 1917, en el artículo 6º constitucional (“en caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”); en el Código Penal Federal y sus similares en las 32 entidades por los llamados delitos de honor, calumnia y difamación. Así era.
Ahora, nuevas
restricciones se derivaron de la reforma reciente el artículo 1º constitucional
de ampliación de los derechos humanos y se desarrollaron en dos leyes
reglamentarias: la Ley General para Prevenir la Discriminación y Ley General
para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En la primera se
prohíbe toda discriminación incluso en los medios de comunicación y en la segunda
se sancionaran a medios electrónicos e impresos que manejen imágenes o
historias que “puedan implicar menoscabo de su honra o reputación” de infantes
y jóvenes.
Más limitaciones se
agregaron a los artículos 6º y 28 constitucionales y se ampliaron en las leyes
generales de lo Electoral y la de Telecomunicaciones: se prohíbe la transmisión
de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa
y se limita la contratación de propaganda electoral a particulares; igual se
norma a la radio y televisión para evitar monopolios y para que se preserve “la
pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores
de la identidad nacional”.
Otras se impusieron
en el Artículo 134 constitucional y sus leyes secundarias para servidores
públicos que limitan los espacios mediáticos que ocupaban para su promoción
individual en los mensajes institucionales.
Igualmente hay
nuevos cotos para la trasmisión de datos personales y de documentos oficiales
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental; al igual que se constriñe la difusión de imágenes, datos y de
procesos judiciales tanto de víctimas como de presuntos culpables en el nuevo
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Respecto a los derechos
individuales al honor y la reputación, si bien se despenalizaron a nivel
federal en 21 entidades esto no significa que desaparecieron como causas de
castigo. Hoy son faltas que se sancionan en el Código Civil Federal (Artículo
1916). En otras 11 entidades aún persisten cómo delitos penales la difamación y
la calumnia.
Y hay más. Por
ejemplo en materia de libertad de expresión en la Internet, la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) investigó la existencia de nuevas acotaciones en
diez leyes secundarias que sin mencionar la Internet ingresan el término Medio
Electrónico o Informático: Código Civil Federal; Código de Comercio; Código
Federal de Procedimientos Civiles; Código Fiscal de la Federación; Código Penal
Federal; Ley de la Propiedad Industrial; Ley Federal de Protección al
Consumidor; Ley Federal del Derecho de Autor; Ley Federal de
Telecomunicaciones; Ley de Información Estadística y Geografía.
Si los políticos
quisieran aplicar esas leyes para controlar la información y las opiniones el
silencio sería monumental. Es muy poco lo que se ha legislado para defender el
ejercicio del periodismo. Moreira Valdés ya ha demandado a otros periodistas y
los acalló parcialmente apoyado en ese lado oscuro. Ahora va contra Aguayo.