El inconforme
Por:
Alfonso A. Catalán
Guerrero,
estado de ficción
Ya se está viviendo
la ficción en todo su esplendor. No es un paraje desolador como el de Veracruz,
en donde acusan a gobernador Javier Duarte de Ochoa de tener nexos con el
narco, o en donde quedó visiblemente establecido, aunque no descubierto, que el
gobernador-en su momento-por parte del PRI, Fausto Vallejo (2013 - 2014) era
aliado de los narcotraficantes; no por nada a su hijo, Rodrigo Vallejo el
Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito
Federal dictó sentencia condenatoria de once meses y siete días por “ocultar
datos de “La Tuta”, el ahora ex líder de "Los Caballeros Templarios".
Si bien en su momento ese tipo de situaciones se dieron a realizar, no es raro
que ahora a “El Gerber (como le apodan)”, le haya sido reducida su
condena-apenas el pasado 16 de marzo de este 2016- de un año ocho meses, a una
multa de siete mil nueve pesos con 35 centavos que después se redujo a mil 344
pesos.
Pero no, por fortuna no vivimos en estos estados. A nosotros nos tocó vivir en Guerrero, en donde tan sólo ayer se registraron 8 ejecuciones, entre ellas la del líder transportista en Iguala, Víctor Martínez López y su esposa, Lorena Bellaty, la cual quedó en el interior del vehículo en el que viajaban. También en Iguala ejecutaron a una mujer y la fueron a tirar, como si de un animal asqueroso se tratara, a un barranco; o los dos en Tepecuacuico, u otros dos en Acapulco, u otros dos ejecutados abajo del puente que está a lado del restaurante “Señorial”, la madrugada de hoy en Chilpancingo, o las decenas que asaltos a mano armada que ocurren en esta capital a pesar de la implementación de los operativos, o del grupo “Cameleón”, que supuestamente recorren en centro de la ciudad vestidos de civil para tener mayor eficacia a la hora de detener a los criminales.
Sin embargo, si digo que vivimos en la ficción es porque es cierto. Porque si bien tan sólo ayer se vivieron esas atrocidades en nuestro bello estado, nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores expresó que “ya no hablará de noticias <<malas>>”. Después, hace dos o tres días, consideró que en un año más “podrán observarse con claridad los resultados en estrategia de seguridad”. De esas declaraciones vino la contestación de la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, la cual, a pesar de desacreditar este tipo de declaraciones del actual mandatario, actuó con fines políticos, y no porque le importe tanto los guerrerenses. Por cierto, en redes sociales, los habitantes de Guerrero sí que desaprobaron lo que Astudillo Flores dijo, pero tal parece que a nuestro gobernador, mientras no sea afectado el sector turístico, no hay mayor problema.
Podría esperarse un cambio, uno verdadero, y ahora me tocaría a mi soltar una sarta de utopías, porque no, no sucederá, por que como bien dice el artículo “Guerrero: violencia y medidas insuficientes” publicado enhttp://www.jornada.unam.mx/2016/01/29/opinion/002a1edi: ”El caso de Guerrero es aleccionador en torno a la poca eficiencia de las políticas de seguridad basadas exclusivamente en un enfoque policial o militar. Cuando los factores originarios de la delincuencia están tan enquistados en las sociedades y los entramados institucionales, no hay policía y Ejército que alcance para erradicarlos, precisamente porque estas corporaciones están dedicadas a combatir sólo sus expresiones epidérmicas”.
MILITARES TOMAN EL MANDO C-4
Y hablando precisamente de ese tema, ahora resulta que el Ejército Nacional (que obviamente recibe órdenes de la federación y no del gobierno estatal), al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) va a tomar el mando de los Centros de Control, Cómputo, Comando y Comunicaciones (C-4) de nuestra entidad.
Para Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, no le parece una mala idea, aunque cae en la contradicción de declarar que esta no es una estrategia “encaminada a quitarse responsabilidad al gobierno del estado en materia de seguridad pública”. Entonces, si no es precisamente porque el gobierno estatal no puede resolver la situación, ¿para qué están aquí? Ahh, pero todo parece indicar que sólo estarán 6 meses en lo que la SSP de por terminada la certificación y capacitación de estos elementos, por lo menos según las declaraciones que ha dado Magdalena Camacho, presidenta de la Comisión de Seguridad. Siendo un poco más sincero, el que consideró que la llegada del Ejército como un “debilitamiento en el que ha caído las instituciones”, Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia, terminó rectificando para decir que es por el bienestar del estado.
Tan sólo esperemos que la llegada del Ejército no contribuya a elevar la violencia en nuestra entidad (como ya se vio en Michoacán, en donde los efectivos castrenses se unieron al crimen organizado y después ayudaban a las “labores” de extorsión y secuestro, según lo dicho ante los medios de comunicación por decenas de ciudadanos) y en verdad se llegue a generar sino una especie de paz, sí que se reduzca la violencia y estas ejecuciones que vivimos dejen de ser “el pan de cada día” entre todos los guerrerenses. He dicho.
Pero no, por fortuna no vivimos en estos estados. A nosotros nos tocó vivir en Guerrero, en donde tan sólo ayer se registraron 8 ejecuciones, entre ellas la del líder transportista en Iguala, Víctor Martínez López y su esposa, Lorena Bellaty, la cual quedó en el interior del vehículo en el que viajaban. También en Iguala ejecutaron a una mujer y la fueron a tirar, como si de un animal asqueroso se tratara, a un barranco; o los dos en Tepecuacuico, u otros dos en Acapulco, u otros dos ejecutados abajo del puente que está a lado del restaurante “Señorial”, la madrugada de hoy en Chilpancingo, o las decenas que asaltos a mano armada que ocurren en esta capital a pesar de la implementación de los operativos, o del grupo “Cameleón”, que supuestamente recorren en centro de la ciudad vestidos de civil para tener mayor eficacia a la hora de detener a los criminales.
Sin embargo, si digo que vivimos en la ficción es porque es cierto. Porque si bien tan sólo ayer se vivieron esas atrocidades en nuestro bello estado, nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores expresó que “ya no hablará de noticias <<malas>>”. Después, hace dos o tres días, consideró que en un año más “podrán observarse con claridad los resultados en estrategia de seguridad”. De esas declaraciones vino la contestación de la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, la cual, a pesar de desacreditar este tipo de declaraciones del actual mandatario, actuó con fines políticos, y no porque le importe tanto los guerrerenses. Por cierto, en redes sociales, los habitantes de Guerrero sí que desaprobaron lo que Astudillo Flores dijo, pero tal parece que a nuestro gobernador, mientras no sea afectado el sector turístico, no hay mayor problema.
Podría esperarse un cambio, uno verdadero, y ahora me tocaría a mi soltar una sarta de utopías, porque no, no sucederá, por que como bien dice el artículo “Guerrero: violencia y medidas insuficientes” publicado enhttp://www.jornada.unam.mx/2016/01/29/opinion/002a1edi: ”El caso de Guerrero es aleccionador en torno a la poca eficiencia de las políticas de seguridad basadas exclusivamente en un enfoque policial o militar. Cuando los factores originarios de la delincuencia están tan enquistados en las sociedades y los entramados institucionales, no hay policía y Ejército que alcance para erradicarlos, precisamente porque estas corporaciones están dedicadas a combatir sólo sus expresiones epidérmicas”.
MILITARES TOMAN EL MANDO C-4
Y hablando precisamente de ese tema, ahora resulta que el Ejército Nacional (que obviamente recibe órdenes de la federación y no del gobierno estatal), al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) va a tomar el mando de los Centros de Control, Cómputo, Comando y Comunicaciones (C-4) de nuestra entidad.
Para Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, no le parece una mala idea, aunque cae en la contradicción de declarar que esta no es una estrategia “encaminada a quitarse responsabilidad al gobierno del estado en materia de seguridad pública”. Entonces, si no es precisamente porque el gobierno estatal no puede resolver la situación, ¿para qué están aquí? Ahh, pero todo parece indicar que sólo estarán 6 meses en lo que la SSP de por terminada la certificación y capacitación de estos elementos, por lo menos según las declaraciones que ha dado Magdalena Camacho, presidenta de la Comisión de Seguridad. Siendo un poco más sincero, el que consideró que la llegada del Ejército como un “debilitamiento en el que ha caído las instituciones”, Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia, terminó rectificando para decir que es por el bienestar del estado.
Tan sólo esperemos que la llegada del Ejército no contribuya a elevar la violencia en nuestra entidad (como ya se vio en Michoacán, en donde los efectivos castrenses se unieron al crimen organizado y después ayudaban a las “labores” de extorsión y secuestro, según lo dicho ante los medios de comunicación por decenas de ciudadanos) y en verdad se llegue a generar sino una especie de paz, sí que se reduzca la violencia y estas ejecuciones que vivimos dejen de ser “el pan de cada día” entre todos los guerrerenses. He dicho.