Analiza Congreso iniciativa de Ley de Ética

Detectar y sancionar prácticas corruptas, uno de los objetivos
Analiza Congreso iniciativa de Ley de Ética
para el ejercicio de la función pública
 
El Congreso de Guerrero celebró a sus trabajadoras con motivo de la celebración del Día de la Madre. Encabezaron el festejo, las diputadas Flor Añorve Ocampo, Silvia Romero Suárez, Beatríz Alarcón Adame e Isabel Rodríguez Cordoba; además de directivos y el líder sindical de la sección LV del SUSPEG, Lenin Hernández Mena.

Chilpancingo, Gro., 09 de mayo de 2016.— Para normar y promover el desempeño ético de personal al servicio del Estado y de los municipios, además de detectar las prácticas corruptas y sancionar los actos contrarios a los deberes de los funcionarios,  en el Congreso de Guerrero se analiza una iniciativa de Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública para el Estado.
El documento que examina la Comisión de Justicia señala que la falta de compromiso ético de quienes han desempeñado una función pública en Guerrero ha socavado la confianza de los ciudadanos, despertando en ellos sentimientos de indignación.
Por ello, añade la importancia de fortalecer las Instituciones incorporando al sistema jurídico normas y principios éticos en el ejercicio de la función pública, estableciendo responsabilidades para los servidores que quebranten o se alejen de las buenas prácticas de gobierno.
En la iniciativa, se establece que en este nuevo ordenamiento se amplía el abanico de los sujetos obligados incorporando a los servidores públicos del Estado, incluyendo a los representantes de elección popular, funcionarios, empleados y a toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ayuntamientos, Órganos Autónomos y con Autonomía Técnica.
En la propuesta que fue presentada por los diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, también se menciona que quedan sujetas a estaLey las demás personas que, sin ser servidores públicos, administren,  manejen o ejecuten bienes o recursos públicos; así como los ex servidores públicos.

Los legisladores argumentaron que con esta iniciativa se busca alcanzar una democracia más participativa, incluyendo a los ciudadanos de manera activa en el control de la ética pública, reconociendo su derecho, pero sobre todo el deber de denunciar los actos que conforme a esta Ley, constituyan una trasgresión ética.