Bajo Fuego
Por: José Antonio Rivera
Rosales
Desesperanza
Hartos de la delincuencia
imparable que mantiene sojuzgado al comercio formal e informal del puerto de
Acapulco y de la capital Chilpancingo, destacados liderazgos patronales
lanzaron una iniciativa para buscar soluciones a la violencia que tiene ahogada
a la economía.
Dirigentes del sector
privado como Julián Urióstegui, Fidel Serrato, Adrián Alarcón, Arcadio Castro
y, señaladamente, Laura Caballero, decidieron afrontar el acoso criminal frente
a autoridades municipales, estatales y federales que no han podido capturar ni
detener los embates de las bandas delincuenciales que se han convertido en el
azote de la población civil.
Ese es el problema: que la
delincuencia se volvió contra la población, a la que mantiene bajo una tiranía
de terror que, más temprano que tarde, provocará una reacción enfurecida de
algunos sectores urbanos que ya debaten, en reuniones a puerta cerrada, cómo
organizar una estructura armada que responda al acoso criminal.
Y esa es una lógica
consecuencia del terrorismo causado por el crimen: que, en el mejor de los
casos, surjan grupos urbanos de autodefensa o, en un caso extremo, escuadrones
de la muerte. A estas alturas de la situación, cualquier opción de defensa
armada sería bien vista por la población que, según ha trascendido en
diferentes núcleos comunitarios, está desesperada por la forma en que ha
evolucionado la problemática de la violencia, que amenaza a todas las familias.
Por lo menos en el puerto
de Acapulco, no existe una familia que no haya sido tocada, así sea
tangencialmente, por los embates del crimen organizado o por las bandas de
delincuencia común que han proliferado como bacterias en una herida infectada,
ante el vacío de autoridad que prima en el puerto.
Desde enfoques diferentes
-pero coincidentes en el objetivo primario de la autodefensa- algunos líderes
patronales han solicitado licencia de portación de arma a la Secretaría de la
Defensa, otros han redoblado su seguridad y, en un caso sorprendente, el
liderazgo que representa Laura Caballero, convocó a un acuerdo en común entre
autoridades, sector privado, sector social y los mandos de la delincuencia
organizada.
Históricamente apolítico,
la iniciativa del sector privado para buscar una salida negociada con el crimen
organizado revela el nivel de gravedad en que han derivado las cosas. Para ser
más claros: ya tocamos fondo, por lo menos en el puerto de Acapulco.
Inmerso por completo en el
juego sucesorio por la presidencia de la república, el secretario de
Gobernación, Miguel Osorio Chong, cobijado por el gabinete federal de
seguridad, vino en fecha reciente al puerto de Acapulco para decir que todo
está bien, que la temporada turística fue exitosa, que el delito extorsivo va a
la baja, que los delincuentes se matan entre ellos, y que las cifras de muertos
siguen siendo las mismas.
O el secretario Osorio está
desinformado o mintió a sabiendas, quizá para enviar un mensaje tranquilizador
a la ciudadanía.
Lo grave aquí es que un
funcionario del más alto nivel no puede engañar, de ninguna manera, a una
ciudadanía víctima de la tiranía del terror que obliga a las familias a guardar
a sus hijos apenas oscurece, sabedores de que la violencia irracional los puede
alcanzar en cualquier momento. El caso es, secretario, que las familias
acapulqueñas viven al borde del terror.
¿Las mismas cifras de
muertos? Apenas el jueves 6, el diario El Sur publicó un recuento propio que
arrojó la cifra de 527 ejecutados en el primer trimestre del año, un 51 por
ciento más muertos que en el mismo período de 2015. El recuento periodístico,
hay que decirlo, tiene mayor credibilidad que las cifras del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, que se basan en las averiguaciones previas levantadas
ante el Ministerio Público. Pero sabemos que un gran número de familias no
denuncian ante el MP por desconfianza o miedo.
¿Qué la temporada turística
fue exitosa? Eso sí es verdad, pero también fue la más sangrienta: 60 muertos
en dos semanas, como para “marcar” la temporada y, de paso, golpear a los
gobiernos en turno.
¿Qué la extorsión va a la
baja? Sólo hay que fijarse en los cientos de negocios fijos y semifijos del
interior del casco urbano y de la periferia de Acapulco, para encontrarse con
un panorama de desolación.
La extorsión a los
establecimientos comerciales, por una u otra banda delictiva, es precisamente
lo que orilló a los comerciantes organizados a tomar al toro por los cuernos
buscando inclusive una negociación o algún tipo de pacto con los criminales,
postura que precisamente se desahogará esta semana en el puerto de Acapulco.
Una estimación somera
permite calcular en unos 30 a 40 mil el número de establecimientos -chicos,
medianos y grandes- que son víctimas de la extorsión por parte de diferentes
grupos del crimen organizado que, de esta manera, está acabando con la economía
popular del puerto de Acapulco. Hay reportes confiables de que, en las colonias
de la periferia, los bandidos ya comenzaron a cobrar una suerte de impuesto a
los domicilios particulares. El colmo.
Por ello será interesante
ver si los líderes del sector privado y sus representados llegan a algún
acuerdo que permita, por sí solos, enfrentar al monstruo de la delincuencia. Si
llegan a alguna decisión, por insólita que parezca, las autoridades estarían
obligadas a intervenir.
Todos los indicios apuntan
a que algo va a pasar, después de que la comunidad acapulqueña ya tocó fondo en
esta crisis sin fin. Esperemos.