Se mantiene ex Fiscal, Iñaky
Blanco, en la mira de la PGR
* Revelan búsqueda de normalistas en Tuxpan…
Agencias
Iñaky Blanco Cabrero, ex Fiscal General del estado de Guerrero.
La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene en sus instalaciones al ex Procurador (Fiscal) de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, y al subprocurador de esa entidad, Ricardo Martínez, quienes fueron requeridos “de urgencia” por Tomás Zerón de Lucio, director de Investigación Criminal, para sostener una reunión privada en la cual ambos habrían de declarar sobre el caso Iguala.
Antes de llegar al DF, Blanco y Martínez se dieron tiempo de ir a comer en la cantina “Guadiana”, en donde un grupo de al menos diez hombres los vigiló a distancia hasta asegurarse de que ambos ingresaran a las instalaciones federales.
Una vez ahí, los funcionarios fueron informados de que tendrían que rendir su declaración ministerial en calidad de testigos por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Alrededor de las 6:30 de la tarde, los funcionarios estatales fueron trasladados para declarar en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Blanco y Martínez se vieron involucrados en las declaraciones ministeriales que hizo ante PGR el líder de la organización criminal “Guerreros Unidos”, Sidronio Casarrubias, quien aseguró que el grupo criminal “Los Rojos”, opuestos a Guerreros Unidos, habría pagado 300 mil dólares al procurador de Guerrero para permitirles infiltrarse en los autobuses en los que viajarían los normalistas a la ciudad de Iguala.
El ahora ex Procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, y su equipo fueron quienes se trasladaron las primeras horas después de los hechos a Iguala para desarmar a todos los policías municipales.
En sus declaraciones, algunos estudiantes de la Normal Rural señalan al subprocurador, Ricardo Martínez Chávez, como la autoridad que los rescató de diversas casas donde se encontraban escondidos en Iguala después del enfrentamiento con los municipales.
Blanco fue el primero en señalar que detrás de la balacera y muerte de Iguala estaban los más altos mandos de la Policía Ministerial, quienes presuntamente tienen nexos con el grupo criminal de Guerreros Unidos.
Desde el 13 de octubre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene en su poder el expediente CNDH/1/2014/6432/Q en el que se documenta que el 29 de septiembre existieron reportes anónimos señalando que algunos normalistas se encontraban en la comandancia de la municipal de Iguala, otros en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y unos más en el Cuartel de la Policía del Estado.
Fue Iñaky Blanco quien coordinó los primeros operativos con el Ejército Mexicano, Marina, Fuerza Estatal, Protección Civil y Policía Ministerial para localizar a los normalistas a partir de las declaraciones de dos presuntos sicarios de Guerreros Unidos que permitieron localizar cinco fosas clandestinas en la zona montañosa de la localidad de Pueblo Viejo.
De hecho, la PGR recibió de la Procuraduría de Justicia del Estado a los cuatro presuntos sicarios que indicaron en que zona se encontraban las fosas donde supuestamente habían quemado y enterrado a los normalistas.
Con base en la información de Martín Alejandro Macedonia Barrera, Honorio Antúnez Osorio, Maro Antonio Ríos Berber y Luis Alberto Gaspar, la PGR encontró las fosas y los múltiples cuerpos que hasta ahora no se sabe de quienes son.
A partir de lo que estos presuntos sicarios han declarado, la investigación apuntó hacia Cocula, donde policías de ese municipio también habrían participado en la balacera y posterior desaparición de los 43 normalistas.
Al descubrirse la red de corrupción entre policías municipales y Guerreros Unidos, también se buscó a los normalistas en el Centro de Reinserción Social de Iguala, en unas cisternas cercanas a ese lugar, ya que un declarante anónimo advirtió que ahí se podrían localizar a los estudiantes.
La búsqueda en ese lugar y otros más derivados de las supuestas declaraciones de los detenidos por la fiscalía guerrerense, entonces al mando de Iñaky Blanco, han resultado infructuosas.