Del balcón al sótano
Eduardo Albarrán Orozco
La detención de José Luis Abarca y de su esposa Ma. de los Ángeles Pineda, no garantiza que los 43 normalistas sean encontrados con vida. Sin que esto no signifique que es la esperanza de todos.
A José Luis Abarca no lo buscaron en fosas, por eso es que lo encontraron vivo y será una gran responsabilidad del gobierno federal mantenerlo con vida a él y a su esposa, para que los guerrerenses, los mexicanos y la comunidad internacional conozcan la verdad, se llegue al fondo y se aplique la ley, que tanto pregonan, en contra de quienes han mantenido en la zozobra, el temor y el terror a todo el país.
Iguala fue la gota que derramó el vaso. Pero esta situación ha estado latente en muchas partes del país, no solo sin la intervención del Estado a nivel federal, sino con la sospecha ciudadana de ser cómplices altos funcionarios del gobierno, y sus similares en los estados y varios municipios.
Detener a Abarca y a su esposa, no será suficiente si no se investiga a fondo a quienes tienen filias con estos personajes. Seguramente habrá gente honrada. Pero eso se tiene que investigar.
Ellos no son la punta del isber, y esto lo sabe Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad. Pero también lo saben las organizaciones internacionales.
El gobierno federal está administrando el conflicto. Y sólo muestra los capítulos que le convienen con el apoyo de los medios electrónicos que lo llevaron al poder. Estos también están en el ojo del huracán. Tienen en juego la poca credibilidad que tienen y esto les resta el poder suficiente para imponer candidatos y leyes que les favorezcan.
El Estado debe cumplir con su responsabilidad establecida en la Constitución. Debe usar todos sus recursos para atacar el origen, el porqué de esta crisis de inseguridad, y no tan solo atacar los efectos. Hacer esto significaría cambiar la ruta que se han fijado quienes gobiernan este país. Tendrían que sacrificar sus ganancias económicas y políticas. Tendrían que aprender a mandar obedeciendo al pueblo. Lo dudo.
Del sótano.
La renuncia del director de Reglamentos, quien fue instrumento de José Luis Abarca, para reprimir a los vendedores ambulantes y semifijos del centro de la ciudad y de la zona del mercado, no lo dignifica. De por sí, sería uno de los más de 40 empleados, desde secretarios y directores puestos por Abarca, los que tienen que ser retirados de sus cargos y, de ser necesario, investigados por el gobierno federal.
Sólo en el DIF hay una nómina de 105 personas, las cuales eran el equipo de promoción de Ma. de los Ángeles Pineda en sus aspiraciones a ser la alcaldesa de Iguala. Era su estructura electoral sostenida con dinero público.
Ni Florencio Benítez ni Salvador Román han aceptado a ser parte de una terna para ganarse la rifa del tigre.
Quien asuma la presidencia interina, debe saber que no va a poder hacer en unos meses lo que no haría en tres años. Que su prioridad será garantizar que el gobierno estatal y el federal garanticen la seguridad de Iguala, por lo menos durante el tiempo que sea el ejecutivo acotado.
Deberá acercarse a los ciudadanos y no asumirse como un monarca o un dictador. Debe entender que este breve tiempo será para unir y organizar a la población para el logro de sus beneficios, entre éstos la seguridad.
Quienes lo acompañen en esta difícil tarea deben estar conscientes de esta. Ser humildes y atender las necesidades ciudadanas en la medida de lo posible. Hablar con verdad y cumplir lo ofertado, lo comprometido.