OTRO PAIS?
*Indignación social y derrumbe de un gobierno
Tomás Tenorio Galindo
El hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas reduce a casi cero las esperanzas de que esté vivo alguno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa hechos desaparecer por la policía municipal de Iguala el 26 de septiembre, y en esa misma y demencial proporción se confirma también el colapso del Estado de derecho en Guerrero.
Sin duda se trata de la más grande y espantosa matanza que se haya producido en la historia del estado y del país, y por ello es imposible pretender que la sociedad permanezca impávida ante el desarrollo de estos acontecimientos. En consecuencia, es posible, previsible y deseable que la indignación nacional y el estupor internacional provocado por estos hechos –de lo cual fue muestra la multitudinaria marcha del jueves 2 de octubre en Chilpancingo– se manifieste en las próximas horas y días con una fuerza incontenible contra el gobierno cuya pasividad, complicidad o tolerancia facilitó la muerte de tantos inocentes.
Es el gobierno del estado. Su incapacidad para ofrecer resultados, o al menos confianza y certidumbre en el manejo de la matanza y la desaparición de los normalistas, colocaron al gobierno de Ángel Aguirre Rivero en una especie de limbo de los patriarcas: nominalmente conserva el aparato del poder, pero ya no es factor de gobernabilidad. Al contrario, ya no sirve, estorba. El enojo que causó entre los estudiantes y familiares de las víctimas la difusión oficial del hallazgo de cuerpos calcinados, en la que no se precisó si son de los jóvenes, es un síntoma de la indignación social que irá en aumento conforme la información que existe hasta ahora sea certificada.
Acentuó esa volatilidad del gobierno guerrerense la decisión del gobierno federal de encabezar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la determinación de la PGR de atraer las investigaciones del caso, lo que en la práctica hace a un lado a las autoridades estatales.
Pero es todavía peor, pues si se lleva a su extremo lógico este criterio, resultará que al gobierno del estado le son imputables responsabilidades políticas por la acción ejecutada por policías municipales de Iguala en conjunto con grupos criminales.
Porque es su responsabilidad el hecho de que el gobierno de un municipio tan importante como Iguala haya estado controlado por el grupo político de José Luis Abarca Velázquez, acusado desde tiempo atrás de cultivar una desinhibida cohabitación con el cártel Guerreros Unidos, los jefes de la plaza en el lenguaje de narcotraficantes, lo que a su vez dio lugar al hecho de que, en ese municipio policías y sicarios fueran una sola cosa, como quedó en evidencia.
La principal de las responsabilidades que conciernen al gobierno de Ángel Aguirre radica en el hecho mismo, pues no puede ocurrir una monstruosidad de esa magnitud sin que al mismo tiempo ponga de manifiesto la existencia de una degradación total del orden jurídico en el que se desarrolla la vida cotidiana del estado y de las personas, y el orden jurídico incluye todo, en eso que se llama Estado de derecho, cuyo primer propósito es garantizar la vida de los ciudadanos. ¿Dónde ha estado el gobierno de Guerrero en el caso Iguala, para proteger las garantías individuales y hacer respetar el orden jurídico? No ha estado.
Incluso si tal Estado de derecho hubiera gozado de plenitud, y la matanza se hubiera producido por causas fortuitas o inesperadas, de todos modos se habría roto en pedazos la institucionalidad y el gobierno aparecería igualmente como responsable de ello. Pero no es esto último lo que ocurrió, pues en Iguala, como en el resto de la entidad, el Estado de derecho ya no existía, estaba capturado por la delincuencia. Y el gobierno de Ángel Aguirre lo sabía y no hizo nada.
Aguirre Rivero tuvo varias oportunidades de combatir el cáncer que nació y creció con la llegada de Abarca a la presidencia municipal. Por ejemplo, cuando hace un año Abarca fue acusado de matar personalmente al líder social Arturo Hernández Cardona. El gobernador no podía ignorar el carácter criminal del gobierno de Iguala, pues es indudable que Abarca estaba entre los alcaldes que fueron aludidos por las autoridades cuando hace unos cuatro meses el propio gobierno hizo público que hay presidentes municipales vinculados a la delincuencia organizada y que eran investigados.
De haber actuado el gobierno en aquel momento conforme a sus obligaciones, Abarca no habría tenido la oportunidad de exhibir una vez más sus talentos criminales. Es por eso que puede establecerse que fue la pasividad y complicidad del gobierno de Aguirre Rivero con Abarca el elemento que facilitó la matanza del 26 de septiembre. Es bastante claro que Abarca se sabía intocable, quizás por haber inyectado recursos a la campaña del PRD en pos de la gubernatura.
Todo esto convierte al gobierno de Ángel Aguirre en una cosa inerte. Por añadidura, debe lamentarse que sea un gobierno de izquierda el que haya provocado esta crisis, y el PRD y la clase política de izquierda jueguen ese pobre y despreciable papel de justificar lo injustificable. Esa izquierda, representada por el PRD, desde 2005 ha sido incapaz de ofrecer a la ciudadanía un liderazgo social y un gobierno que sea digno de tal nombre.
En consecuencia, estamos en presencia no sólo del derrumbe del gobierno de Ángel Aguirre, sino también de esa facción de izquierda que ahora encabeza Carlos Navarrete y que tenía entre sus miembros al ex alcalde de Iguala, quien según todos los indicios fue el que ordenó la ejecución colectiva.
En esas condiciones, ¿debe quedarse Ángel Aguirre en el poder cuando ya no es fuente de estabilidad y bienestar, sino de dolor? Si no está “casado” con el cargo, como dijo la semana pasada el gobernador en una entrevista, es momento de que lo demuestre, en lugar de promover desplegados y declaraciones de respaldo a su gobierno, exactamente como hace diecinueve años hizo el PRI (que él, Aguirre, presidía) cuando después de la matanza de Aguas Blancas cayó el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Es muy probable que si se obstina en utilizar reflejos del viejo priismo y trata de mantenerse en el poder a toda costa, Aguirre Rivero de cualquier manera sea echado por la presión social. Simplemente es insostenible.
¿Y los que ayudaron a Abarca?
Ahora mismo, en las investigaciones de la matanza el gobierno del estado mantiene una conducta cómplice, pues actúa como si el ex alcalde José Luis Abarca hubiera estado solo en el ayuntamiento. En realidad encabezaba una camarilla junto al síndico Mario Castrejón Mota, a quien, a pesar de estar implicado y saber todo, las autoridades estatales no han tocado, ni se sabe que haya sido requerido. ¿Por qué?
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