Gracias a la reforma constitucional en Guerrero
Obligados Ayuntamientos a
transparentar su información
Diputado local Marcos Efrén Parra Gómez.
Chilpancingo, Gro., a 13 de abril de 2014.- Los ayuntamientos están obligados a difundir y trasparentar el manejo de sus recursos y acciones, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, afirmó el diputado local Marcos Efrén Parra Gómez.
Marcos Parra dijo que, si bien las autoridades municipales no se han negado a dar información del manejo de sus recursos; antes no existía alguna ley que los obligue a proporcionarla; sin embargo, con la Reforma a la Constitución Política del Estado de Guerrero, se presentó una reserva a la propuesta de dictamen enviada por el titular del Ejecutivo del Estado, en la que “pido agregar a los ayuntamientos como sujetos obligados por la referida Ley de Transparencia”, reserva que fue aprobada por unanimidad.
Parra Gómez explicó que anteriormente sólo estaban obligadas las autoridades u organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos autónomos, candidatos independientes, fideicomisos y fondos públicos, instituciones de educación básica, media, media superior, superior y de posgrado; los centros de investigación; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Agregó que el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, tiene la función de promover, proteger, garantizar y difundir los actos de las autoridades estatales y municipales, y el derecho a la información de las personas y sus datos personales se deposita en el denominado Instituto.
Por otra parte, en lo que se refiere a la reserva presentada al dictamen de proyecto de decreto en su artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, el legislador panista señaló que se propuso agregar que el Poder Legislativo, “integrado por representantes populares”, se renovará en su totalidad cada tres años y funcionará a través de la legislatura correspondiente.
Señaló que estas dos reservas aprobadas por unanimidad de los diputados, dejan más claramente; por un lado, la obligatoriedad que tienen los ayuntamientos para transparentar el recurso público, y por otro lado, la definición a los diputados como representantes populares, para cualquier asunto, sobre todo del orden jurídico.