Alerta PRODECON para que los estímulos,
facilidades o beneficios que se otorguen
frente a la recién aprobada Reforma Fiscal
no afecten legalidad de los nuevos impuestos
* Introducir a la reforma fiscal nuevos aspectos no contemplados en ley no abona a la simplificación tributaria.
* Cualquier estímulo o beneficio que se otorgue debe cuidar que se mantengan los derechos constitucionales de generalidad y equidad en el pago de impuestos.
México, D.F. a 02 de enero de 2014.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) quiere llamar la atención de que, a unos días de la entrada en vigor de la reforma fiscal, se concedan a través de disposiciones no contenidas en las leyes recién aprobadas por el Congreso de la Unión, tales como decretos, regla misceláneas, etc; beneficios o estímulos especiales a determinados sectores de contribuyentes.
El organismo autónomo afirmó que, si bien, acorde con lo dispuesto en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo federal tiene facultades para conceder este tipo de estímulos, lo cierto es que la reforma fiscal votada por el Congreso, no podrá considerarse como estructural si no logra la modificación substancial del sistema impositivo; lo que necesariamente implica su simplificación, como Prodeconlo ha apuntado en varias ocasiones, objetivo que difícilmente podrá alcanzarse si los pagadores de impuestos para conocer con precisión las obligaciones y derechos del régimen en que tributan, tienen que acudir no sólo a la ley sino a diferentes decretos o resoluciones.
Además al concederse cualquier estímulo o beneficio especial debe cuidarse que se respete el mandato constitucional de generalidad y equidad en el pago de los nuevos gravámenes.
El Ombudsman, defensor del contribuyente, reiteró que seguirá atento a cualquier queja o asesoría que sea solicitada por los contribuyentes, con vistas a la entrada de la reforma fiscal, ejerciendo, de ser procedente sus diversas facultades, entre las que destacan tanto la promoción de medios de defensa legal en representación de contribuyentes que se consideren afectados, como la de emitir recomendaciones a las autoridades fiscales por incurrir en actos que violen los derechos de los pagadores de impuestos.