Pueden hacerlo en otro país, sugiere Iñaki Blanco C.
Que declaren sobrevivientes
ante MP, pide el Procurador
* Testimonio de Nicolás Mendoza carece de valor probatorio…
* De hacerlo, ofrece actuar “llámese como se llame” el acusado…
* Que vigila la PGJE al Secretario de SPM, Felipe Flores Velázquez…
Agencias
En conferencia de Prensa el Procurador General de Justicia en Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, llamó a los sobrevivientes de la UP en Iguala que rindan su declaración ante un ministerio público para que sus testimoniales tengan valor probatorio en la averiguación que se sigue por ese triple homicidio.
El Procurador estatal de Justicia en Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, llamó a los sobrevivientes de la Unidad Popular (UP) de Iguala a declarar ante un ministerio público para que sus testimoniales tengan valor probatorio pleno, comprometiéndose, en caso de así hacerlo, de actuar en consecuencia “llámese como se llame” el acusado. Indicó que las declaraciones notariadas del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa se integrarán al expediente de la investigación del secuestro y asesinato de los tres miembros de la Unidad Popular (Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román). No obstante, aclaró que éstas no tienen valor probatorio pleno, pues sólo son “indicios”, porque de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales no puede atribuírseles veracidad.
En conferencia de prensa celebrada las oficinas de la Promotora Turística de Acapulco, el procurador llamó a los sobrevivientes de la UP a que acudan a un Ministerio Público en cualquier estado del país o en el extranjero para que sus declaraciones tengan valor probatorio “pleno”.
Lo anterior, luego de que el pasado 25 de noviembre, en conferencia de prensa en el Distrito Federal, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad hizo público el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa (uno de los sobrevivientes de aquella masacre ocurrida en Iguala a fines del pasado mes de mayo), quien señaló que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, mató personalmente a Hernández Cardona con dos disparos de escopeta.
“Es preciso acotar que los testimonios que se rinden ante un fedatario público, de conformidad con el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357, constituyen meros indicios en virtud de que lo único que le consta a dicho funcionario es que compareció ante él una persona y realizó determinadas declaraciones, sin que pueda atribuirse veracidad a tales afirmaciones al carecer aquel de facultades legales para corroborar la autenticidad de las mismas”, dijo el procurador.
Blanco Cabrera expuso de varias formas que las declaraciones de Nicolás Mendoza ante un notario no tienen fuerza legal para acusar al alcalde, es “limitado el valor probatorio. La testimonial únicamente tiene valor probatorio pleno cuando es rendida ante el Ministerio Público”.
Señaló que ha solicitado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a ONG’s que asesoran a las víctimas, que los sobrevivientes rindan su declaración en la hora y lugar que decidan y se les proporcionarán las medidas de seguridad.
“En este momento yo hago el compromiso público y abiertamente: si se rinden esas declaraciones ante nosotros, vamos a proceder conforme a derecho en contra de quien resulte responsable, llámese como se llame”, ofreció.
Cabe mencionar que, a pregunta de un reportero informó que la Procuraduría ha tomado “algunas medidas” para evitar que el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, quien también fue señalado por el sobreviviente, se dé a la fuga, pero no especificó cuáles.
Agregó que han ofrecido “atención en materia de seguridad, justicia y asistencia integral a las víctimas”, y en “reiteradas ocasiones” han solicitado que coadyuven en el esclarecimiento de los delitos.
Abundó que les han ofrecido que sus comparecencias serán “recabadas en el lugar y la fecha que dispongan, proporcionándoles en todo momento las medidas de seguridad correspondientes, empero se han negado a ello, argumentando desconfianza en las autoridades estatales.
“Hago propicio este espacio para exhortar a todas aquellas personas que tengan información significativa que aportar, a efecto de que rindan testimonio, lo cual redundará en el esclarecimiento de los acontecimientos en que perdieran la vida los señores Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román”, reiteró.
Después, en la ronda de preguntas y respuestas, el procurador dijo que no le resta validez a la declaración de Nicolas Mendoza, pero insistió en que el hecho de no haberlo expresado ante un Ministerio Público “le merma, pero esto no quiere decir que no sea un elemento más a considerar”.
Indicó que ya solicitó que al notario público 47 del Distrito Federal se le requiera la declaración de Nicolás Mendoza e insistió en su llamado a los sobrevivientes para que hagan la declaración ante el ministerio público, porque “está de más” que argumenten tener miedo cuando ya se hizo público un señalamiento contra el alcalde José Luis Abarca.
“Nosotros estamos en la mejor disposición de tomar las declaraciones correspondientes en el lugar y la hora que así se nos señale, aún más, brindando estrictas medidas de seguridad; la declaración de estas personas no se tiene porqué rendir en Guerrero. Para eso existen los convenios de colaboración, incluso no se tiene que rendir en el país, se puede rendir en otro país. Nosotros podemos aplicar ahí los convenios de colaboración a efecto de que estas personas rindan su declaración y que el Ministerio Público actúe en consecuencia”, dijo.
El procurador dijo que ha llamado a comparecer a las víctimas, pero fue tomado como “hostigamiento” e intervinieron organismos defensores de derechos humanos para que desistiera, pero no quiso precisar más al respecto.
“La Procuraduría en ese sentido se encuentra un tanto atada de manos. Es por eso que hemos solicitado a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos sea el amable conducto para que estas personas rindan su declaración, incluso hicimos lo propio para aquellos que los representan organismos no gubernamentales, para que sea a través de ellos que estas personas puedan rendir su declaración”, explicó.
Finalmente, cuestionado sobre si la PGJE podría solicitar el desafuero del alcalde de Iguala, el procurador indicó que “conforme a lo que obra en el expediente no podríamos solicitarlo. Lo que requerimos son elementos de prueba debidamente agregados a una averiguación previa. Si en su momento contamos con estos elementos, por supuesto que solicitaremos el desafuero”, puntualizó.