Opinión

LA INSEGURIDAD TRIUNFANTE EN GUERRERO
Por: Carmelo Corripio Pineda “El Búho”

La seguridad pública como una función que ejerce el Estado, son un conjunto de atribuciones y obligaciones fundadas en la ley como garantías individuales, que procuran garantizar la paz social, especialmente, con la prevención y represión de los delitos, así como las faltas en contra del orden público, castigadas a través de las instituciones del sistema penal, con la finalidad de preservar una situación de respeto y convivencia pacifica dentro de la sociedad. “La Carta de los Derechos del Hombre”, que en su contenido prevén la noción de seguridad ciudadana, misma que plantea como finalidad respaldar las condiciones básicas que permitan el desarrollo de hombres y mujeres.
Como puede verse la visión contemporánea tiende a precisar la seguridad mas con un sentido activo y no como una reacción a una agresión, entendida como función estatal, se considera que el estado se encuentra obligado a ofrecer seguridad a su gobernados, no solo protegiéndolo de ataques en su esfera de derechos y libertades, sino también estableciendo los medios mínimos que faculten tales circunstancias, la seguridad de todas las personas, inherentes a términos de protección de su integridad física, de sus derechos de posesión y propiedad, de niveles elementales de bienestar y acceso a servicios públicos, etc.
Si pusiéramos a deletrear este dictamen legal a los responsables de las instituciones de procuración de la seguridad pública, hasta que aprendieran su significado y lo asimilaran, que existiera una ley especifica que en caso de incumplimiento se les castigara a los funcionarios públicos, con penas acumulables por aquellos delitos graves, que no pudieran resolver por su incompetencia, negligencia, apatía u omisión; que se aplicara como sanción la cadena perpetua a funcionarios encargados de la procuración de seguridad pública que no resolvieran los delitos graves como el narcotráfico, secuestro, daños contra el estado, trata de personas, y los nuevos que el pueblo bautizó como levantados, pozoleados, sádicos, torturados, terror psicológico (distinto a terrorismo), comando delincuencial, cultivos ilegales (expropiar terrenos), tentativa de homicidio objetiva (mantas con mensajes de aniquilamiento para sus destinatarios).
Estos funcionarios no merecerían la pena más que de cadena perpetua, por su estupidez manifiesta y su patética incapacidad para detener la ola sangrienta que baña a Guerrero: recordemos; en el 2009 en las narices de Zeferino Torreblanca asesinaron a Armando Chavarría, su secretario de gobierno; y a la fecha no se ha localizado a los responsables, la sociedad culpa de ese crimen al mismo Zeferino Torreblanca; en Iguala en 2008, en el hotel María Isabel ubicado frente al zócalo, a un lado de la iglesia de San Francisco, en el centro y corazón de la ciudad apenas habían encendido los faroles en aquel atardecer cundo en el interior del edificio, mataron a 7 personas gente de Rogaciano de Alba, político homicida y ladrón; se desconoce quiénes fueron los ejecutores y quien el autor intelectual: Felipe Calderón justifico con una declaración vergonzante y dijo “Déjenlos, se están matando entre ellos mismos”. Todo hace suponer que Calderón ignoraba el contenido del artículo 14º y 16º constitucionales.
Al diputado Moisés Villanueva lo asesinaron en el 2011 regresando de una fiesta en Tlapa de Comonfort. Sus asesinos andan libres. Culparon al presidente municipal Willi Reyes, sin embargo a la fecha no se ha esclarecido el crimen, el presidente despacha en el ayuntamiento, o sea los asesinos andan sueltos. El 8 de Marzo de este año, en la puerta de su casa, por la espalda balean al síndico municipal de esta ciudad Justino Carvajal. No se sabe de sus asesinos, andan libres como su autor intelectual. Iguala se sobrecogió por el horror de este suceso. Hace 15 días siete policías pertenecientes a la corporación de Iguala se trasladaron a Teloloapan, entraron al ayuntamiento, los guardianes del lugar en su hora de descanso fueron asesinados con una ráfaga continua de “cuernos de chivo”, seis policías murieron, a la población la invadió el pánico, los culpables huyeron o más bien regresaron a su corporación en Iguala, pues se dice que pertenecían a este centro seguramente instalados por el crimen organizado. O sea los encargados de nuestra seguridad son sicarios  a sueldo, imponiendo el nuevo estilo de esclavitud a Guerrero. El viernes 31 de Mayo asesinaron a Arturo Hernández Cardona, líder de la “Unión Popular”; el sábado primero de Junio liquidaron a Rafael Bandera Román y el domingo privaron de la vida a Ángel Román “El Cartulinas”, una vez cometidos los homicidios los delincuentes los tiraron cerca de Mezcala sobre la carretera Iguala-Chilpancingo. Dice un testigo: Que los levantaron el día jueves 30 de Mayo, casi frente a las patrullas de los investigadores judiciales, quienes se mantuvieron en silencio e imperturbables después de que los lideres habían entregado la caseta de cobros, eran ocho miembros de la agrupación “Unidad Popular”, tres muertos y cinco desaparecidos, los asesinos se desconocen; las investigaciones van “viento en popa”, dicen con sorna los funcionarios judiciales.

Hace 4 dias entraron a la central de abastos del puerto de Acapulco un grupo de individuos fuertemente armados, con chalecos antibalas y cubiertos del rostro, abrieron fuego sobre dos mujeres, las hermanas Abundes Abarca y su padre el señor Abundes, otro hombre que se encontraba en el lugar también murió, los cuerpos ensangrentados cayeron sobre las sandias confundiéndose su sangre con el jugo de la fruta, eso me hizo recordar a Vito Carleone “El Padrino” cuando la gente de Sollozo lo baleo y cayó de bruces sobre el puesto de frutas donde había comprado manzanas; tan fantástica esa escena cinematográfica como escalofriante la que acaban de vivir los acapulqueños. Tenía razón el señor “Martí” cuando les dijo a los funcionarios de seguridad pública del país “Si no pueden, ¡renuncien!”