Se sumaría a Ayotzinapa y la Masacre del Charco
Martha Obeso, viuda de Armando Chavarría Barrera, abordó al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Jarab, para exponerle el caso del extinto diputado y las violaciones que se han cometido durante la investigación, a lo largo de 8 años. (Fotografía: Jonathan Cuevas/API)
Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 08 de Agosto del 2017.- El Caso Chavarría
Barrera, está por ser admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), que se sumaría los casos Ayotzinapa y la Masacre del Charco,
por la incompetencia de las autoridades mexicanas de esclarecerlos; adelantó
Martha Obeso Cázares, viuda de extinto diputado.
“Presentamos en septiembre de 2015, a través del Obispo de la Diócesis
de Saltillo, don Raúl Vera López, se presentó la petición de admisibilidad del
caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una ruta que sigue
ante los tribunales internacionales, estamos a la espera de que sea admitido el
caso”, dijo en conferencia de prensa realizada este martes.
Martha Obeso, dijo que es impactante el número de casos en la fila de
espera de ser admitidos, que son finalmente la muestra de la corrupción e
impunidad que permea en México, y en otros países de América Latina, lo que
hasta ahora ha impedido que el caso se admita.
Reveló que son por lo menos cuatro casos que están siguiendo su curso;
el primero es el caso Ayotzinapa, por la magnitud, la Masacre del Charco y el
caso Chavarría que está pendiente, pero siguen pugnando por que se admita.
“Porqué insistimos aquí?, porque tampoco vamos a permitir que en ningún
gobierno sea del corte y color que sea, vamos a permitir que se tuerza la
justicia como se acostumbra, que se sesgue la investigación como siempre han
querido, y como ha pretendido el fiscal”.
Reveló que Xavier Olea Peláez, pretendió cerrar el caso y afianzar la
teoría de que Chavarría fue asesinado por miembros del Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI), hipótesis rechazada desde 2010, por el Juzgado
Séptimo de Distrito y el Juzgado Unitario de Circuito.
Esta misma línea, fue en su momento, insistió con la que Zeferino
Torreblanca Galindo, pretendió cerrar el caso, misma que fue retomada
posteriormente por la Procuradora, Martha Elba Garzón Bernal, y ahora pretendió
nuevamente revivirla el Fiscal Olea Peláez.
El rechazo a esta versión, por parte de la familia Chavarría, frustró
también la segunda comparecencia del Fiscal en torno a este caso como se había
comprometido “por esa razón tampoco pudo comparecer ante el Congreso, a cumplir
su palabra empeñada que no respeta y que no vale nada”.
El último acercamiento de con el Fiscal, recordó, fue hace más de un
año, el 19 de julio de 2016, audiencia en la que los agraviados solicitaron con
base a la Ley General de Víctimas, que se les otorgara una copia del
expediente, “jamás me volvió a recibir, nunca”.
El encuentro, no fue nada cordial, mas fue una entrevista “desdeñosa y
grosera”, que habla, se quejó, de quien es el fiscal y de cuanto le importa la
justicia, como camino para restablecer la paz social.
“De entrada exoneró al Contador Torreblanca, es decir, sigue habiendo
proteccionismo, no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa, nosotros
hemos insistido en que lo investiguen, si existe un señalamiento directo,
grave, por la presunta autoría, hay hasta muertos, porque por eso fue asesinado
aquel comandante que declaró y que ahora desestiman”, sentenció.
El pasado mes de julio, fueron recibidos por el gobernador, Héctor
Astudillo Flores, a quien manifestaron que no iban aceptar la línea que apunta
al ERPI, quien su vez se comprometió a respetar esta postura y el reclamo de
justicia. (Agencia Periodística de Investigación)