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10 de agosto de 2017

Abrevando

José Antonio Lavín Reyna
“Cuando uno, finalmente, aprende el oficio de vivir, ya hay que morir…”: Ernesto Sábato”.

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La sociedad civil participativa (académicos, hombres de empresa, gente de los medios con independencia, ciudadanos simpatizantes) lograron la aprobación de las leyes de los  sistemas de anticorrupción federal y las 32 estatales, sin embargo, es ahora en realidad, cuando la lucha ciudadana en contra de la corrupción y la impunidad ha comenzado.
Los grupos que combaten las prácticas corruptivas quieren ir por más, su deseo es llevar a la práctica estas nuevas leyes para evitar que funcionarios de los tres órdenes de Gobierno sigan lucrando y enriqueciéndose a costa de nuestros recursos públicos; y si lo hacen, que sean verdaderamente castigados.
Para esto, es fundamental que los ciudadanos que participaron en la construcción y promulgación de las leyes anticorrupción, a los que deberían sumarse quienes deseen seguir trabajando en la construcción de un verdadero estado de derecho, como base constitucional para el desarrollo del país.
Se necesita seguir luchando para completar la construcción del andamiaje anticorrupción, pugnando por el nombramiento de fiscal y magistrados verdaderamente autónomos y con los recursos necesarios para operar, no dejemos que el gobierno nombre a personas sin esa autonomía.
De igual manera, y ante gobiernos cada vez más opacos en sus procesos de contratación de servicios, y de obras públicas que se derrumban y colapsan recién construidas, es necesario una nueva generación de reformas legislativas que den más claridad al proceso de adquisición y concesión de obras públicas y servicios.
Cada vez son más los casos de gobiernos que contratan obra pública con severas deficiencias o insumos de baja calidad, donde las mismas también generan serias dudas sobre la manera en que los contratos fueron otorgados, por lo que se hace indispensable el impulsar la creación de un paquete de reformas complementarias para el buen funcionamiento del sistema anticorrupción, y que deberían tener las siguientes características:
Contener ordenamientos que respeten los lineamientos de integridad y transparencia establecidos en los sistemas anticorrupción.
Garantizar la calidad y sustentabilidad de los proyectos contratados, asegurándose la mayor eficacia y transparencia en la inversión de recursos públicos, con total certeza legal y continuidad operativa de los actores involucrados en el proyecto.
Exigir realizar todo el ciclo de contrataciones mediante plataformas electrónicas que brinden transparencia en los procesos de licitación y contratación, donde idealmente la misma estén conectadas a la plataforma de compras de la SHCP, para asegurar se apliquen las herramientas de seguimiento y fiscalización del gasto público, dentro de la correcta clasificación de los rubros presupuestales correspondientes.
Establecer mecanismos de denuncia por las posibles irregularidades cometidas dentro del proceso de contratación, donde en el caso de encontrarse responsabilidad a las empresas que hayan cometido infracciones graves, las mismas sean castigadas y descalificadas de otros proyectos, todo esto de acuerdo a la ley general de responsabilidades administrativas.
Y, finalmente,  fortalecer la cultura de la legalidad, asegurándose la eficiencia en la operación del sistema anticorrupción, promoviendo los datos claves sobre las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de los protagonistas, aumentando las acciones preventivas y desde luego, sancionar ejemplarmente a quien viole la ley.
Los mexicanos están cansados de tanta corrupción, es importante actuar para evitar regidores, diputados, presidentes municipales y gobernadores millonarios.       
Se ha demostrado que mientras dejemos la tarea de luchar contra la corrupción a los políticos, este mal no terminará por desaparecer en el país.
Algo Más…
Para muchos igualtecos que tuvieron oportunidad de salir de vacaciones, regresar a  esta ciudad siempre representa un inevitable choque de sentimientos y emociones. Por un lado se añora esta tierra, sobre todo después de varios días de andar fuera por motivos de trabajo o de vacaciones. Todo se extraña, los seres queridos, los amigos, las mascotas, el hogar, la cocina, la cama... bueno, incluso el sanitario personal se extraña.
Sin embargo, de igual manera muchos de los que regresan experimentan irremediablemente una extraña combinación de indignación con depresión al retornar a ciudad después de visitar otras ciudades.
En muchos sentidos es lastimosa y a la vez preocupante la comparación de nuestra comunidad respecto de otras con similares características.  Y la referencia no es precisamente a ciudades del extranjero, sino a urbes mexicanas que se encuentran mucho más adelantadas en cuanto a infraestructura urbana y atractivos turísticos, sólo por mencionar algunos aspectos. 
La oferta turística en esta zona es demasiado reducida. Iguala sólo tiene el lago de Tuxpan  como único atractivo turístico, que bien pudiera ser mejorado y complementado con otros atractivos y servicios relacionados con las actividades acuáticas.
Aunque existiera  creatividad y voluntad por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno y de la iniciativa privada, nuestra ciudad nunca será un  polo de desarrollo turístico. Eso no pasa y tal parece no va a pasar en mucho tiempo.
En verdad, no se entiende por qué a esta región se le ha condenado por siempre a carecer de otros atractivos turísticos. Es realmente injusto lo que le hacen a esta ciudad. El desdén del gobierno estatal se suma a la ancestral inequidad redistributiva con la que la federación ha tratado a los igualtecos. Y de lo poco que llega, la clase política que gobierna se queda con una buena parte.
Desafortunadamente esto ocurre en una ciudad donde nadie se pone de acuerdo en nada. Lo más triste y desalentador es que parece que a nadie le interesa realmente que a Iguala le vaya mejor, ni a la clase política. Tampoco a los empresarios locales, sobre todo a la apática y conformista sociedad igualteca.
CCCXXXV.- Germán Dehesa murió, Arturo Montiel nunca pisó la prisión por ratero. La pregunta p’al diablo: Qué funcionario de la comuna  hizo el negocio de su vida, al comprar y revender las lámparas chinas de mala calidad que colocó personal del propio Ayuntamiento en algunos postes de la ciudad? Sigue sin respuesta; les di tres pistas: Erik Catalán Rendón, Síndico Procurador; Rafael Domínguez Velasco, regidor de Obras Públicas, o Juan Manuel Martínez Carreón, ex Oficial Mayor. Dicha compra fue asignada directamente y con un brutal sobreprecio. Dicha compra fue aprobada por el voto mayoritario de los regidores de todos los partidos.  Herón Delgado nunca dirá esta boca es mía. Si no rinde cuentas de la Feria, menos de este negocio del alumbrado, donde todos fueron salpicados.
Pérez Niño gozando de las delicias del poder, con las obras ejecutadas con sobreprecio le bastó para hacerse de una fortuna. Y la contraloría municipal, bien gracias.

Hasta la vista.