Marco Antonio
Mönge Arévalo
Chilpancingo,
Gro., a 29 de junio de 2017.— La
guerrilla fue la línea de investigación a la que le dio especial énfasis la ex
titular de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado
(PGJE), Martha Elba Garzón Bernal, en el caso Chavarría, pese a que desde 2010
el Juzgado Séptimo de Distrito había desechado esa teoría.
El pasado lunes, 26
de junio, el actual fiscal estatal, Javier Olea Peláez, afirmó ante diputados
locales que sólo “una procuradora, que duró 12 meses—refiriéndose a Garzón
Bernal— inició con talento y responsabilidad las investigaciones. Antes y
después no hay nada”, sostuvo.
La ex procuradora
del defenestrado ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, propuso en su plan de
trabajo continuar con el seguimiento de las cuatro líneas de investigación
establecidas por sus antecesores, pero “principalmente con las líneas
relacionadas con la [sic] subversivos y delincuencia organizada”, marca
la Séptima Etapa de la Investigación, Tomo VIII, del
Caso Chavarría.
En el documento al
que tuvo acceso este autor, Garzón Bernal sella como principal línea de acción
indagar sobre la guerrilla. En el expediente oficial se lee que elaboró su plan
de trabajo para el caso Chavarría en ese sentido, para “fortalecer y acreditar
jurídicamente la veracidad del testimonio del C. Raúl Jiménez García”, indica.
Raúl Jiménez García,
es el testigo que supuestamente delató una reunión convocada en Tlapa de
Comonfort, lugar en el que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI) aparentemente organizó el asesinato del entonces diputado presidente de
la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero.
El 17 de agosto de
2016, este autor —en un amplio reportaje titulado Operación
Tlapa— dio a conocer que la guerrilla no fue quien asesinó al diputado
local, pues el testimonio de Jiménez García fue desechado por el Poder Judicial
de la Federación mediante el juzgado de distrito, y confirmado por el Tribunal
Unitario de Circuito desde 2010.
Pese a ello, el
documento oficial, fecha que el 11 de octubre de 2012 Garzón Bernal apostó a
“fortalecer y acreditar jurídicamente la veracidad del testimonio del C. Raúl
Jiménez García; establecer legalmente y correctamente la identidad de todas y
cada una de las personas señaladas en su declaración ministerial; la identidad
de los autores materiales e intelectuales de este crimen; el móvil del asunto,
y el esclarecimiento total del caso y los que resulten de su investigación”
[sic].
La exprocuradora
quería fortalecer la teoría de la guerrilla y marcó 47 acciones a realizar
entre las que destacan la solicitud de antecedentes penales de Ramiro Salgado
López y/o Omar Guerrero Solís (a) El Comandante Ramiro, Miguel
Ángel Serafín Juárez (a) El Comandante Beto y de Cayetano
Alvarado Palacios (a) El Cuche Blanco, entre otros supuestos
guerrilleros y participantes en la reunión de Tlapa; ubicar varios domicilios
en Iguala de la Independencia y números telefónicos de la misma zona.
En el informe se lee
que al Registro Civil estatal solicitó certificados de “nacimiento, matrimonio,
defunción o cualquier otro dato, de las personas que responden a los nombres de
Raúl Jiménez García, Ismael Contreras Martínez, Marcelino De La Paz Liberato,
Roberto Ángel García, Miguel Ángel Serafín Juárez, Demetrio Rosendo López,
Camerino Florentino Cayetano, Miguel Díaz Escobar, Cayetano Alvarado Palacios,
Bertoldo Martínez Cruz, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Ajís (quienes de
acuerdo a lo manifestado por Raúl Jiménez, pertenecían al ERPI)” [sic].
Requirió
averiguaciones previas, entre las que destacan la ALLE/SC/03/215/2009 del
asesinato de los líderes mixtecos, Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas; ALLE/SC/03/215/2008 del
homicidio del exalcalde de Ayutla de los Libres, Homero Lorenzo Ríos; BRA/SC/AM/06/1340/2009,
del asesinato del guerrillero, Ramiro Salgado López y/o Omar Guerrero Solís
(a) El Comandante Ramiro.
De igual manera
demandó información a la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a
antecedentes criminalísticos de Jacobo Silva Nogales (a) El comandante
Antonio y Gloria Arenas Ajís (a) La Coronela Aurora;
además preguntó a esa esa institución si habría prestado a elementos policiacos
como escoltas a la familia Chavarría.
Resalta que en el
punto 23 la exprocuradora pidió información a su homólogo del entonces Distrito
Federal, respecto al homicidio de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa
y Placido, “ya que por información difundida en los diferentes medios de
comunicación nacionales (televisivos, escritos e internet), se tiene
conocimiento que la persona de referencia fue encontrada privada de la vida el
día diecinueve de octubre del año dos mil nueve, en la Ciudad de México
Distrito Federal” [sic], justifica en su petición.
En el punto 24,
solicitó a la PGR el “inicio de alguna averiguación previa en el que aparezca
como probable responsable el C. Rogaciano Alba Álvarez, (a) El Roga, El
Viejo o El Viejón. En razón que por información que fue
difundida por los diferentes medios de comunicación nacional televisivos y
escritos, esta persona fue detenida por delitos del orden federal, el día once
de febrero del año dos mil diez, en la carretera federal Guadalajara-Chapala en
el estado de Jalisco” [sic], indica el documento.
En esos puntos en
específico no se aclara para qué serviría dicha información, ni cómo se
vinculan ambas informaciones con el caso Chavarría.
En el punto 25 del
informe, específica que Martha Elba Garzón solicitó al Juez Séptimo de Distrito
las copias certificadas tanto de la negativa de ejercer acción penal en contra
de los presuntos guerrilleros por la posesión de armas de uso exclusivo del
Ejército, así como del oficio mediante el cual se declara incompetente respecto
a la orden de aprehensión en contra de los guerrilleros como probables
responsables del delito de homicidio de Armando Chavarría Barrera.
En el punto 26, la
PGJE de Bernal solicitó información nombre y domicilio del propietario del
teléfono celular número7441090987, y la relación de llamadas entrantes y
salientes a partir del día 01 de julio del año en curso a la fecha (octubre de
2012).
Resalta que en el
punto 27 acuerdan solicitar al secretario de Seguridad Pública y Protección
Civil del Estado y al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4)
“el registro de alguna información, o denuncia anónima relacionada con la
existencia de algún grupo criminal, de delincuencia organizada o grupo
paramilitar, autodenominado Ejército de Liberación del Pueblo (ELP), que opere
en la región de la Costa Grande, en los municipios de Tecpan de Galeana,
Petatlán, Zihuatanejo y La Unión Guerrero, y que a su vez se encuentra
relacionado con el C. Rogaciano Alba Álvarez (a) El Roga”
[sic].
Martha Elba Garzón
Bernal propone en el punto 32 desahogar la diligencia de ampliación de la
declaración ministerial del presunto exmiliciano del ERPI, Raúl Jiménez García.
En el 35, pide
establecer la identidad de los personajes señalados por el testigo Jiménez
García quien “identificó de oídas” como diputados a varios personajes de la
política local y nacional.
Es de suponer que
identificaría plenamente a los políticos vinculados que supuestamente se
reunieron en Tlapa de Comonfort el 19 de agosto de 2009, “donde se habló y se
acordó la muerte del Lic. Armando Chavarría y (de) Zeferino Torreblanca
Galindo” [sic].
El documento marca
que, previo desahogo de las diligencias antes citadas giraría órdenes de
localización y presentación de: Miguel Ángel Serafín Juárez (a) El
Comandante Beto, Roberto Ángel García, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, Irineo
Loya Flores, Leonardo A. Manzano vega, Camerino Florentino Palacios, Miguel
Díaz Escobar, y Marcelino De la Paz Liberato (a) El Guarachero.
Martha Elba Garzón
Bernal renunció a la PGJE “por motivos personales”. El día de su renuncia ante
los medios de comunicación, aseguró que dejaba concluidas las investigaciones
de “alto impacto”, como el caso Chavarría.