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18 de mayo de 2017

LECTURA POLÍTICA

Noé Mondragón Norato

Prensa y narcopoder
Siete periodistas asesinados en lo que va del año en todo el país, es una cifra record. Escalofriante y terrorífica. Deleznable y descompuesta. Fatídica y cómplice. Es como si los actores políticos y del crimen organizado, se hubiesen puesto de acuerdo para eliminar a ciertos sectores indeseables de la prensa. Pero en esa operación reprobable y primitiva, se asesinan no solo voces, sino también a la democracia misma. Con ello, el Estado mexicano, lejos de apostarle al desarrollo y a la civilidad, retrocede a niveles anteriores al porfirismo, cuando se perseguía y asesinaba impunemente, a los periodistas. La redición hoy de aquellos autoritarios y dictatoriales escenarios, deja en la total indefensión a los comunicadores. Sobre todo a quienes zanjan todos los días, en verdades incómodas no solo para los grupos delictivos, sino para los propios actores del poder público. Hay puntos en específico que es preciso abordar.
CRIMENES DEL NARCOPODER.- Invariablemente, los crímenes de periodistas que tienen alguna relación con los grupos delictivos, jamás se resuelven. Y de ahí se lee lo demás. 1.- Si se mira bien, el presidente Enrique Peña Nieto, no ha fijado una postura clara en relación a los recientes asesinatos de periodistas en todo el país. Y eso podría tener una sola explicación: la prensa es el espacio natural de difusión de los excesos, las corruptelas y las complicidades que se dan desde el poder público. Y mucha de esa información es replicada después, en las redes sociales. En una coyuntura en la que el PRI corre el riesgo latente de perder el gobierno del Estado de México en la próxima elección del 4 de junio –el de mayor importancia para asegurar la presidente del país en la elección federal de julio de 2018-,  una de las maniobras más visibles del poder público parece estar orientada a meterle frío a la solución de los crímenes contra periodistas. Como si se tratara de unescarmiento por el ejercicio permanente de las libertades sociales que le pegan con fuerza al partido gobernante. Es decir, al PRI. 2.- En Sinaloa, asesinaron el lunes 15 de mayo al periodista Javier Valdez Cárdenas, un escritor productivo que había alcanzado el reconocimiento internacional por sus obras relacionadas con el narcopoder. Es decir, era en cierto modo, un comunicador que se creía “blindado” contra los ataques y la intolerancia. No fue así. Y en Autlán Jalisco, mataron ese mismo día a la periodista Sonia Córdova y a su hijo Jonathan Rodríguez Córdova. El desconcierto y la ausencia de resultados que abre cancha a la impunidad es lo que más preocupa. Porque eso significa que los crímenes contra comunicadores seguirán ocurriendo. Y las autoridades los combatirán nada más en el discurso. 3.- En Guerrero, no hay pistas ni investigación exitosasobre los asesinatos de Francisco Pacheco Beltrán en Taxco, ni de Cecilio Pineda, en la Tierra Caliente. Tampoco se ha hechonada para dar con los responsables de haber detenido, robado, vejado y amenazado a siete periodistas que cubrían la información a los bloqueos de los grupos delictivos en Tierra Caliente, la semana pasada. Es decir, el Estado de Derecho es inexistente. Porque ahora en Guerrero es mucho más peligroso informar, que cometer en sí, un delito. Y por eso la prensa local salió a marchar ayer martes. Sin embargo, respuestas y resultados son los que hacen falta. Ni la federación ni el gobierno estatal, los han dado.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Al edil de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, le sigue lloviendo en su milpita. Ahora, dos de sus funcionarios tuvieron que renunciar. El primero, fue el encargado del Programa de Jornadas Comunitarias, Nicolás Juárez Hernández. Lo señalaron de rasurar salarios a trabajadoras a cambio de favores sexuales. El segundo, fue Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, secretario general del ayuntamiento, a quien señalaron de misógino. La alcaldía de Chilpancingo tiene serios problemas con las mujeres que ahí laboran.