Noé Mondragón Norato
Prensa y narcopoder
Siete
periodistas asesinados en lo que va del año en todo el país, es una cifra
record. Escalofriante y terrorífica. Deleznable y descompuesta. Fatídica y
cómplice. Es como si los actores políticos y del crimen organizado, se hubiesen
puesto de acuerdo para eliminar a ciertos sectores indeseables de
la prensa. Pero en esa operación reprobable y primitiva, se
asesinan no solo voces, sino también a la democracia misma. Con
ello, el Estado mexicano, lejos de apostarle al desarrollo y
a la civilidad, retrocede a niveles anteriores al porfirismo, cuando
se perseguía y asesinaba impunemente, a los periodistas. La redición hoy de
aquellos autoritarios y dictatoriales escenarios, deja en
la total indefensión a los comunicadores. Sobre todo a quienes
zanjan todos los días, en verdades incómodas no solo para los
grupos delictivos, sino para los propios actores del poder público. Hay puntos
en específico que es preciso abordar.
CRIMENES DEL NARCOPODER.- Invariablemente, los crímenes de periodistas que
tienen alguna relación con los grupos delictivos, jamás se resuelven. Y
de ahí se lee lo demás. 1.- Si se mira bien, el presidente
Enrique Peña Nieto, no ha fijado una postura clara en relación
a los recientes asesinatos de periodistas en todo el país. Y eso podría tener
una sola explicación: la prensa es el espacio natural de difusión de los excesos,
las corruptelas y las complicidades que se dan desde el poder público.
Y mucha de esa información es replicada después, en las redes sociales. En
una coyuntura en la que el PRI corre el riesgo latente de perder el
gobierno del Estado de México en la próxima elección del 4
de junio –el de mayor importancia para asegurar la presidente del país en la
elección federal de julio de 2018-, una de las maniobras más visibles del
poder público parece estar orientada a meterle frío a
la solución de los crímenes contra periodistas. Como si se tratara de unescarmiento por
el ejercicio permanente de las libertades sociales que le pegan con fuerza al
partido gobernante. Es decir, al PRI. 2.- En Sinaloa,
asesinaron el lunes 15 de mayo al periodista Javier Valdez Cárdenas, un
escritor productivo que había alcanzado el reconocimiento internacional por sus
obras relacionadas con el narcopoder. Es decir, era en
cierto modo, un comunicador que se creía “blindado” contra
los ataques y la intolerancia. No fue así. Y en Autlán Jalisco, mataron ese
mismo día a la periodista Sonia Córdova y a su hijo Jonathan Rodríguez Córdova.
El desconcierto y la ausencia de resultados que abre cancha a la
impunidad es lo que más preocupa. Porque eso significa que los
crímenes contra comunicadores seguirán ocurriendo. Y las autoridades los
combatirán nada más en el discurso. 3.- En Guerrero, no
hay pistas ni investigación exitosasobre los asesinatos de
Francisco Pacheco Beltrán en Taxco, ni de Cecilio Pineda, en la Tierra
Caliente. Tampoco se ha hechonada para dar con los
responsables de haber detenido, robado, vejado y amenazado a
siete periodistas que cubrían la información a los bloqueos de los
grupos delictivos en Tierra Caliente, la semana pasada. Es decir, el Estado de
Derecho es inexistente. Porque ahora en Guerrero es mucho más
peligroso informar, que cometer en sí, un
delito. Y por eso la prensa local salió a marchar ayer martes. Sin
embargo, respuestas y resultados son los que hacen falta. Ni
la federación ni el gobierno estatal, los han dado.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Al edil de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, le
sigue lloviendo en su milpita. Ahora, dos de sus funcionarios tuvieron
que renunciar. El primero, fue el encargado del Programa de
Jornadas Comunitarias, Nicolás Juárez Hernández. Lo señalaron de rasurar
salarios a trabajadoras a cambio de favores sexuales. El
segundo, fue Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, secretario general del
ayuntamiento, a quien señalaron de misógino. La alcaldía de
Chilpancingo tiene serios problemas con las mujeres que ahí laboran.