Pide diputada Erika Valencia respetar derechos y garantías de los detenidos del CECOP y la CRAC


La propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública…
Pide diputada Erika Valencia respetar derechos y garantías de los detenidos del CECOP y la CRAC
 
Chilpancingo, Gro., 04 de diciembre de 2018.- La diputada Erika Valencia Cardona se pronunció porque la Fiscalía General del Estado respete los derechos humanos de los integrantes del Consejo de Comunidades Opositoras de la Presa La Parota (CECOP) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), durante el proceso penal.
En la sesión de este martes, en tribuna la legisladora señaló que en la entidad convergen diversos grupos culturales y étnicos que tienen respaldo jurídico en la Constitución Política, así como en tratados internacionales que protegen categóricamente a los pueblos originarios.
Manifestó que a lo largo de los años se han dado movimientos guerrilleros que cimbraron al Estado Mexicano, dejando un saldo de innumerables violaciones a los derechos humanos de los que en su momento fueron considerados gavilleros, enemigos del Estado como Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, y que hoy merecen ser recordados como revolucionarios.
Actualmente, dijo que han surgido nuevos problemas como el empoderamiento de la delincuencia organizada y de las fuerzas capitalistas de índole neoliberal, que depredan las riquezas de los países en vías de desarrollo y que Guerrero no está exento de ello; por eso hizo un reconocimiento a los defensores de la tierra y de la seguridad de sus pueblos y comunidades, como los dirigentes de la CECOP y la CRAC, organizaciones que comparten un mismo ideal: la defensa de lo justo para sus pueblos, tierra y seguridad.
La diputada manifestó que Marco Antonio Suástegui Muñoz, fundador del CECOP, organización formada desde el año 2003, que ha emprendido una lucha contra la imposición del megaproyecto hidroeléctrico La Parota en defensa de la tierra y el río Papagayo, quien desde el 2014 fue acusado de privación ilegal de libertad, detenido y llevado a una prisión de máxima seguridad, a inicios de este año nuevamente fue detenido, acusado de homicidio en agravio de seis personas en la comunidad de La Concepción, municipio de Acapulco.
Explicó que dentro del proceso judicial que se sigue en la carpeta 03/2018, la Fiscalía presentó el escrito de acusación por el delito de homicidio calificado contra Suástegui Muñoz y los otros detenidos  Ernesto Valeriano Morales, Manuel Estrada Pineda, Santos Pino Elacio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca Mejía, Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Elacio Martínez, Manuel Everardo Suástegui, Pablo Carmen García, Vicente Iván Suástegui Muñoz y Javier Melchor Santiago.
Sin embargo, dijo que cuando visitó a los presos de la CECOP en el penal de Acapulco, escuchó sus vivencias de persecución política, las cuales son totalmente reprobables. Dijo que de igual manera advirtió el grado de corrupción que imperó en el momento de integrar las carpetas de investigación, con el ánimo de vincularlos a proceso; por ello conminó al fiscal general a que se apegue a los principios que rigen la investigación y persecución del delito.
 Asimismo, conminó al Poder Judicial para que en los procesos judiciales instaurados contra dirigentes populares, interprete de manera más amplia el principio pro persona en beneficio de los presos políticos de Guerrero y se pronuncie respetando íntegramente los derechos humanos y garantías individuales de éstos.
Además, agregó que en el proceso penal de Gonzalo Molina González, de igual manera cuenta con diversas inconsistencias en el momento de integrarse las averiguaciones y pareciera que también es objeto de una persecución de Estado, por eso exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia para que en la causa penal se apeguen a los principios constitucionales y de derechos humanos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y emisión del dictamen.