José Antonio Lavín Reyna
“La lengua es acusador fiel de los hombres llenos de vana soberbia”:
Esquilo.
En México, la impunidad sigue siendo un delito sin castigo.
Si bien la impunidad es por definición un término referido a no
castigar a quien o quienes cometen una falta, es tanta su incidencia que en sí
ya debe considerarse imputable a quienes solapan o consienten el mal gemelo de
la corrupción.
Tal como se presenta en la actualidad, poco se hace para minimizarla.
Los conocedores del derecho (ni tan derecho) pueden considerar esta opinión
como incongruencia pues se trataría de castigar faltas, errores u
omisiones cometidas por quienes la estimulan al no aplicar la ley,
liberando a transgresores de responder de sus faltas. No tenemos hasta ahora
nada enfocado a tratar la impunidad con seriedad, aunque es grave por el
engaño, burla, desilusión, desconfianza y frustraciones que acarrea.
La corrupción es práctica sistematizada, con rango cultural asignado
por el presidente Enrique Peña Nieto; todo lo envuelve, con referencias
constantes a funcionarios y políticos en búsqueda del poder y relaciones que
contribuyan a ese propósito.
No hay excepciones en el sector privado; abunda gente con influencia
que viola leyes y compromisos. Pongamos por ejemplo a los concesionarios de
servicios, transporte, basura, y en general las adjudicaciones del Estado
a particulares con los que suscribe acuerdos que llevan implícita la impunidad
pues no hay manera de que asuman responsabilidad.
Robar bienes como la electricidad, gasolina, no pagar agua consumida, vandalismo… son prácticas revestidas de impunidad ubicadas al lado de la sociedad. En lo penal, basta mencionar un terrible porcentaje: 98% de acciones criminales quedan impunes.
Robar bienes como la electricidad, gasolina, no pagar agua consumida, vandalismo… son prácticas revestidas de impunidad ubicadas al lado de la sociedad. En lo penal, basta mencionar un terrible porcentaje: 98% de acciones criminales quedan impunes.
La impunidad, al lado de la corrupción, es la peor enfermedad que
padece el sistema y se ha desarrollado lo suficiente para aproximarnos a la
anarquía y olvidar la existencia de leyes y órganos jurídicos encargados de
aplicarlas.
Muy retirados andamos de la anhelada justicia pues las reglas que se
nos imponen no son cumplidas por los vericuetos y contradicciones de las
propias leyes burladas por errores jurídicos, amparos, interpretaciones,
procesos interminables o arreglos oscuros, principales propiciadores de la
impunidad, dicho esto con suavidad para no lastimar la susceptibilidad de
jueces y demás comprometidos con la justicia. No hay sanción para alcaldes,
gobernadores, legisladores… que comienzan violando el trillado juramento
de “cumplir y hacer cumplir las leyes…” en actos solemnes que más tiempo toman
en la formalidad y el protocolo que en desaparecer de la práctica diaria de sus
funciones. Este juramento, obliga y compromete, y levante la mano quien lo cumpla.
Quienes hacen las leyes federales y locales están en los congresos
respectivos cuyo sostenimiento cuantificado en millones de pesos tanto en
sueldos como prestaciones y dietas son carga para los ciudadanos.
Los legisladores se ocupan de emitir, derogar, reformar o adicionar
normas y decretos pero no ven su inutilidad al no respetarse la obligatoriedad
de cumplimiento sin excepciones lo que perjudica la buena relación social.
Ciertamente, no es función del Legislativo vigilar que el Judicial haga efectivas
sus emisiones normativas.
Es tiempo de poner control a este mal que demerita, humilla y
desespera. Sin delito no hay pena o viceversa, y si la impunidad no es delito
no hay castigo, por tanto seguiremos sufriendo la burla de tantos sinvergüenzas
de altura o gente ladrona y criminal con sus efectos lesivos para una sociedad
inmersa en todo tipo de faltas que se cometen en la seguridad de no ser
castigadas. Aceptándose que todos debemos aportar, la mejor forma es atacar la
corrupción, pero ¿cuándo empezamos?
Se ve muy difícil, ya ven que se dice que si los dinosaurios
fueran mexicanos, votarían por el meteorito.
Algo Más…
Lamentable que los que nos gobiernan, alquilen o cedan espacios de la
población en general. Un ejemplo: la colocación de un espectacular de 15 mts2,
exactamente frente a una réplica del acueducto con fuente que se erigió con la
finalidad de señalar que por ese sitio pasaba ese ducto, el cual se apoyaba y
protegía con árboles de amate, cuya función era trasportar agua desde la parte alta
del cerro de la Burócrata al centro de la villa de Iguala. En un afán
mercantilista y con la decidida intervención del regidor priista de Obras
Públicas, se ha otorgado el permiso correspondiente. Por cierto, dicho regidor
tuvo mucho que ver en que se compraran las lámparas chinas de mala calidad que
se colocaron y sustituyeron a las que estaban funcionando, lámparas que no
tienen la capacidad de iluminar las calles. Lo peor de todo, ningún regidor, se
atreve a denunciar estas anomalías, por miedo a perder sus canonjías. No les
importa que el patrimonio del pueblo se dilapide.
Qué decir del silencio cómplice del primer edil ante los actos de
extorsión que cometen tanto los motociclistas de Tránsito, como los agentes de
Transportes, en contra de los pequeños agricultores, comerciantes y productores
que osan entrar a Iguala con sus vehículos para vender sus mercancías, sin
olvidar que esos actos también se comenten contra los vehículos de carga que
lamentablemente tienen que descargar sus productos a los negocios de la ciudad,
situación que la CANACO también solapa al no exigir se detenga esta vil acción.
Al igual de los operativos contra los malos ciudadanos que circulan en
motocicleta, que no van dirigidos contra los que manejan de manera grosera e
incorrecta, sino contra los que no llevan documento alguno y sin casco, la
mayor ganancia de estos operativos se la llevan los señores propietarios de las
grúas, que cobran lo que quieren y sin emitir ningún comprobante fiscal. Tovar
las remitía al Palacio, así la ganancia quedaba en casa.
CCCXVII.- La página de transparencia del municipio de Iguala sólo
maneja nombre del puesto y sueldo del cuerpo edilicio, nada sobre los que
cobran y viven de la nómina municipal.
Por cierto, los vehículos oficiales son ocupados de manera particular.
La persona que ocupa la Oficialía Mayor, tiene vehículo a su disposición, la
llevan y la traen de su casa a la oficina, a las compras de la despensa al
igual que recoger al hijo de la escuela. Algunos directores tienen chofer a su
disposición, también gasolina y viáticos. No se detiene el círculo vicioso
de la corrupción e impunidad. Hasta la vista.