Les niegan a afectados
comparecencia ante juez federal…
Obstruye Gobierno estatal el
proceso legal entre la SSP y policías despedidos
Chilpancingo, Gro.
26 de Junio del 2018.- Elementos de la Policía Estatal que fueron despedidos de
manera masiva el 30 de mayo de 2017, denunciaron que el Gobierno del Estado y
la Secretaría de Seguridad Pública, están obstruyendo el proceso legal que se
lleva entre ambas partes, al negar que funcionarios comparezcan ante el juez
federal que lleva el caso.
Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 26 de Junio del 2018.- Elementos de la Policía
Estatal que fueron despedidos de manera masiva el 30 de mayo de 2017,
denunciaron que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública,
están obstruyendo el proceso legal que se lleva entre ambas partes, al negar
que funcionarios comparezcan ante el juez federal que lleva el caso.
Hace unas semanas este grupo de policías hicieron una solicitud de
audiencia al Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores para tratar su
situación y buscar la mejor salida, pero sólo turnó su oficio al secretario de
Seguridad Pública, pero tampoco los recibió, “Sólo nos respondieron con un
documento que dice lo mismo, que estamos dados de baja”.
El documento con el que les respondieron su última solicitud de
audiencia es el mismo que les fue presentado el 30 de mayo del año pasado,
firmado por Francisco Solís Vegar, quien les notificó sobre su despido.
Este personaje, está actualmente siendo requerido por el Juez que lleva
el caso, para que comparezca, sin embargo la respuesta del Gobierno del Estado
es que esa persona no está dentro de su plantilla laboral, que no existe.
“Por eso queremos que se dé cuenta la población, que realmente lo que
está pasando dentro del gobierno de Héctor Astudillo Flores, está tapando, está
encubriendo, está poniendo piedritas en el zapato para que esto no avance, pero
desde aquí en adelante ya queda en manos del juez federal”, adelantó.
Al negarse que esta persona acuda a comparecer, indicó, el Gobierno del
Estado le está mintiendo a las autoridades federales, lo cual debe ser
considerado para emitir a la brevedad posible una resolución a favor de los
policías separados de manera irregular de sus funciones.
Por tal motivo, dijo, no cesarán en su exigencia a la Secretaría de Seguridad
Pública de ser reinstalados en sus empleos, pues desde hace más de un año, no
han cobrado sus quincenas, ni bonos o prestaciones.
Ya la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG) ha
emitido dos recomendaciones al gobierno de Astudillo, para que los policías
sean reinstalados, haciendo caso omiso, y sólo está pendiente la recomendación
que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El monto del adeudo con este grupo de alrededor de 120 policías que
siguen en pie de lucha, asciende a más de 20 millones de pesos, por concepto de
salarios, prestaciones y bonos, por lo que hicieron un llamado al gobernador
intervenga a fin de que se hagan respetar los derechos de quienes fueron
cesados de manera ilegal. (Agencia Periodística de Investigación)