Gavilán a la Vista
Guillermo Mejía Pita
Uno de los problemas financieros más sentidos en los gobiernos
municipales del Estado de Guerrero, es la sobresaturación de empleados
heredados de administración en administración, que a la postre se agudizan con
las demandas laborales por supuestos despidos injustificados.
Tal pareciera que los gobiernos locales son agencias de colocación, y
que los Alcaldes, síndicos y regidores tienen la obligación de darles empleo a
todos aquellos que, de una u otra manera participaron en las campañas
electorales.
El asunto se complica porque después de que concluye la administración
en funciones, los empleados se aferran al trabajo y amenazan con laudos
laborales a cambio de seguir pegados a la ubre del gobierno; cuando lo correcto
es que deberían irse con el Ayuntamiento que les dio la confianza de ingresar a
laborar.
En el caso específico del municipio de Iguala, el alcalde electo
Antonio Jaimes Herrera, quien con las siglas de Morena tuvo que remar contra corriente
para ganarle a los partidos políticos “grandes”, deberá ponerle especial
atención a la nómina del gobierno municipal, la cual rebasa los 16 millones de
pesos mensuales.
Y es que, de más de mil 800 trabajadores que prestan sus servicios en
el Ayuntamiento, la minoría recibe sueldos ostentosos, mientras que la mayoría
percibe salarios de hambre. Lo peor del asunto se refleja en la “nómina
secreta” donde decenas de “aviadores” – los que cobran sin trabajar -- están
registrados y cada quincena pasan por su sobre.
La tarea para el alcalde electo, Antonio Jaimes no es nada fácil,
debido a las decenas de compromisos adquiridos durante las campañas. Sin
embargo, debe demostrar con hechos el cambio que todos quieren.
Aunque de momento ya adelantó que no se van a reconocer las
basificaciones autorizadas por el saliente edil Herón Delgado. Debe ir también
por los basificados y no sindicalizados, de los ex alcaldes José Luis Abarca y
Silviano Mendiola, aunque tenga que solicitar préstamos para finiquitar y acabar
con esos mantenidos del gobierno.
Reducir la nómina a sólo 800 empleados de los más de mil 800 que cobran
en la actualidad traería como consecuencia tener más recursos para utilizarlos
en las demandas más sentidas de la población, y esto equivale a dejar de pagar
sueldos a los zánganos en un aproximado de 8 millones de pesos.
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