Bandoleros,
estafadores y criminales
(Quinta Parte)
Por: Carmelo Corripio Pineda “El Búho”
26.- Los desvíos del erario. Ciudad de México.- Los
riesgos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en torno a
la Cuenta Pública 2016, tienen que ver con la aplicación de la Ley de
Adquisiciones, es decir, la contratación de obra pública y donde la “excesiva
discrecionalidad” fue la regla. Ello, dijo el encargado del despacho Juan
Javier Pérez Saavedra, “propicia condiciones para la comisión de
irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en
los procesos de licitaciones públicas”. El descontrol imperó en la Cuenta
Pública de aquel año, al grado de que el monto de las irregularidades asciende
a 104 mil 241.2 millones de pesos, recursos de los que sólo se han recuperado 7
mil 896.9 millones. Esos esquemas, añadió, han sido utilizados por
universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y
servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública
2016 se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos
en estos mecanismos, como son empresas paraestatales de entidades federativas
y, en ocasiones, de la propia Federación. Áreas de riesgo.- Otro
aspecto peligroso detectado por la ASF y que representa “un alto riesgo” es la
obra pública. “La ASF ha identificado cuatro causas principales que propician
las deficiencias en proyectos de infraestructura: problemáticas en la
planeación y programación de los trabajos, debilidades de carácter técnico,
insuficiencias económicas y fallas de ejecución. La ASF también detectó, como
“área de riesgo”, las operaciones realizadas por las ahora llamadas empresas
productivas del Estado, es decir, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de
Electricidad. Destaca sobre todo “la toma de decisiones” para obtener
“utilidades” en beneficio del Estado mexicano. Y, aunque la ASF no lo establece
así, la nueva forma de toma de decisiones en estas “empresas productivas del
Estado” se modificó tras la reforma energética aprobada en diciembre de 2013.
La “toma de decisiones” para obtener mayor “utilidad” tiene que ver también con
la aplicación de las llamadas rondas para explorar tierra firme, aguas
profundas o someras en busca de hidrocarburos. “Se apuntan cuestionamientos
sobre la idoneidad del proceso de toma de decisiones tendientes al logro del
objetivo anotado, ya que en un conjunto de operaciones trascendentes se ha
constatado que ha habido, desafortunadamente, resultados negativos”, sostiene
la ASF. Y enumera donde se han confirmado “resultados negativos”: adquisición
de Agronitrogenados y plantas de tipo fosfórico, venta de gasoductos en
operación, adquisición de etano y coque, y adquisición de energía limpia a
precios muy superiores a los costos de generación propios. Pero, sobre todo,
las adjudicaciones en la refinería de Tula, Hidalgo, bajo “supuesta
emergencia”. Impacto económico.- Estados y municipios
concentraron observaciones por 98 mil 102 millones de pesos de los 104.2 mil
millones faltantes. Los mayores volúmenes de recursos observados corresponden a
Veracruz (19 mil 728 millones de pesos), Nuevo León (9 mil 841 millones),
Estado de México (7 mil 634 millones), Michoacán (6 mil 246 millones) y
Tamaulipas (5 mil 437 millones de pesos). Le siguen Chiapas (4 mil 682
millones), Oaxaca (4 mil 369 millones), Guerrero (3 mil 488 millones), Sinaloa
(3 mil 194 millones) y Baja California (3 mil 081 millones). De acuerdo con el
informe presentado el martes en el Palacio de San Lázaro por el auditor en
funciones, los señalamientos a entidades federativas y municipios se dividen en
“observaciones con impacto económico”, por 78 mil 853 millones de pesos, montos
pendientes de aclarar, por 4 mil 252 millones, y subejercicios, por 14 mil 997
millones. El responsable del órgano de fiscalización confirmó que hasta la
fecha se han presentado 912 denuncias de hechos correspondientes a las cuentas
públicas de 1998 a 2016, aunque tan sólo entre enero de 2017 y febrero de 2018
se interpusieron 120 querellas adicionales. Como resultado de sus acciones, la
ASF logró recuperaciones de recursos por 7 mil 896 millones de pesos
correspondientes a 2016, para alcanzar un volumen total de recuperaciones por
123 mil millones desde 2001 a la fecha. ‘El sexenio más
corrupto’.- Senadores del PAN denunciaron ayer que el sexenio del
Presidente Enrique Peña Nieto ha sido el peor, en la historia posrevolucionaria,
en materia de corrupción. Al realizar un balance sobre los escándalos que ha
protagonizado la Administración priista que inició en el 2012, los legisladores
se refirieron a las recientes revelaciones de la ASF sobre desvíos en
dependencias Sedesol y Sedatu, cuando fueron encabezadas por Rosario Robles.
“Ya hay varias cosas alrededor y se presumen actos de corrupción porque nos
está claro el destino de los presupuesto que administró Robles”, aseguró el
senador panista Ernesto Ruffo. Los senadores Francisco Búrquez, Juan Carlos
Romero Hicks y Víctor Hermosillo recordaron los casos más emblemáticos de
opacidad y corrupción registrados en los últimos años como el proyecto
cancelado del tren México-Querétaro, el incremento de costos en el tren
México-Toluca y la falta de utilidad del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México (NAICM). Hermosillo censuró el uso político que se ha dado en este
sexenio al Ramo 23 del presupuesto, con el que se chantajea de manera
discrecional a los gobernadores de los estados.
Que aclare Robles.- El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, entregó a Rosario Robles el informe mencionado por la Auditoría Superior de la Federación donde se detalla una presunta triangulación de recursos y le pidió una aclaración. El legislador se presentó en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, a donde acudió Rosario Robles.
“No es un asunto personal, es un modus operandi que se ha extendido en esta Administración”, afirmó el legislador. La secretaria le exigió que presentara denuncias y pruebas ante la Procuraduría, por lo le aclaró que él ha presentado denuncias y no ha habido resultados. “Yo estoy aquí dando la cara porque no tengo nada que temer, nada que esconder, queremos que se presenten pruebas”, le respondió Robles. (Con información de Reforma/Proceso). Aumenta corrupción.- La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 cayó un punto, de 30 a 29, y coloca al país como la nación peor evaluada entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La organización Transparencia Mexicana consideró que este descenso probablemente se deba a las resistencias que se han generado para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Es claro por los resultados del IPC 2017 que la corrupción es un problema institucional. Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de 100 lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban.
Que aclare Robles.- El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, entregó a Rosario Robles el informe mencionado por la Auditoría Superior de la Federación donde se detalla una presunta triangulación de recursos y le pidió una aclaración. El legislador se presentó en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, a donde acudió Rosario Robles.
“No es un asunto personal, es un modus operandi que se ha extendido en esta Administración”, afirmó el legislador. La secretaria le exigió que presentara denuncias y pruebas ante la Procuraduría, por lo le aclaró que él ha presentado denuncias y no ha habido resultados. “Yo estoy aquí dando la cara porque no tengo nada que temer, nada que esconder, queremos que se presenten pruebas”, le respondió Robles. (Con información de Reforma/Proceso). Aumenta corrupción.- La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 cayó un punto, de 30 a 29, y coloca al país como la nación peor evaluada entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La organización Transparencia Mexicana consideró que este descenso probablemente se deba a las resistencias que se han generado para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Es claro por los resultados del IPC 2017 que la corrupción es un problema institucional. Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de 100 lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban.
Se
observa que las investigaciones periodísticas y que reúnen prueba plena sobre
la responsabilidad del gobierno de la república en sus tres niveles, producen
comentarios frívolos de los responsables desde el presidente de la república,
gobernadores y presidentes municipales, y se agregan a estos funcionarios de
los tres niveles que llegan a la administración de la “cosa pública “, con el
deliberado propósito de robar, en forma pasiva, activa y proyectando figuras
aparentemente legales para justificar sus latrocinios, dejando en estado de
indefensión a la población y empobreciéndola al extreme al arrojar a las nuevas
generaciones al crimen organizado: como no se nos hace caso debemos
organizarnos en una sola voz de protesta y llegar a toda las dependencias de
gobierno pidiendo a las autoridades investigadoras juicios en contra de los
responsables y que quede incluida la pena de muerte como fue aprobada en el
pasado por nuestra raza azteca. (Continuará).