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6 de abril de 2017

LECTURA POLÍTICA

LECTURA POLÍTICA
Noé Mondragón Norato

Alcaldes de escándalo en el PRI
El escándalo volvió a retornar al PRI. Pero esta vez no se trató de exhibir nexos criminales entre autoridad municipal y delincuencia organizada, sino de mostrar el lado oculto de la corrupción que inocula a la mayoría de las alcaldías y de la que todos los ciudadanos sospechan. Hay que ubicar esta inédita polémica que brotó hace unos días.
PRI: ESCÁNDALOS.- Dos asuntos le han pegado con fuerza a los tricolores en la actual coyuntura. Y se leen así: 1.- En la Comisión Instructora del Congreso local, descansa en la fría congeladora el Juicio de Procedencia iniciado por la Fiscalía General del Estado (FGE), para quitar el Fuero constitucional, al diputado local tricolor calentano, Saúl Beltrán Orozco. Y el presidente de dicha Comisión, el panista Iván Pachuca Domínguez, se hace indolente y de oídos sordos. Al actuar así, se percibe claramente como cómplice de esta perversa trama. Y en consecuencia, los propios integrantes de la 61 legislatura están obligados a fijarle con determinación y aplomo, el cumplimiento de los plazos estipulados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y de no cumplirlos, aplicar las sanciones correspondientes contra él. El punto es que no lo harán. Porque parece existir un acuerdo político soterrado, para darle una prolongación deliberada al asunto. Hasta empotrarlo con la elección federal y local de julio de 2018. Es esta lógica, Beltrán Orozco, sería ofrendado políticamente en esa coyuntura, como una forma de atrapar votos tricolores que estarían huyendo hacia el Morena de López Obrador. Desde luego, vendiendo la idea en el sentido de que tarde, pero se está haciendo justicia. Así, todos los actores que están demandando la aceleración del Juicio de Procedencia contra el legislador local tricolor, tendrán que sentarse a esperar. Porque en Guerrero, la justicia no solo es sorda y ciega, sino también, manca y minusválida. Pero sobre todo, convenenciera y oportunista. 2.- En el norteño municipio de Pilcaya –muy pegado al Estado de México-, surgió otro escándalo: el edil priísta de ese municipio, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, habría chocado en la ciudad de México, un lujoso automóvil deportivo valuado en 315 mil dólares –unos 6 millones de pesos al tipo de cambio-, que al final desmintió ser el propietario. Incluso, amenazó con emprender acciones legales contra todos aquellos –redes sociales, periódicos y periodistas- que le atribuyeron la propiedad de esa unidad automotriz. Pero lo que perturba son cuando menos tres cosas: A) El edil tricolor de Pilcaya, no explicó cómo es que el propietario de ese auto de lujo –se entiende que con una posición económica muy cómoda-, pudo sacar un permiso provisional en un municipio pobre, intentando ahorrarse un pago abultado por la expedición del mismo. Si pagó seis millones de pesos por el automóvil: ¿Por qué no habría de pagar el precio de un permiso más caro expedido por ejemplo, en el municipio de Taxco? B) Misteriosamente y al impactarse contra el otro vehículo, el conductor de ese auto de lujo se retiró del lugar del percance y dejó que sus escoltas se hicieran cargo del asunto. Se entiende que es un personaje de poder. Y la prensa no pudo indagar el origen de los escoltas, es decir, si pertenecían a un prominente hombre de negocios de la iniciativa privada, o estaban asignados a un político o funcionario. C) Finalmente, el edil priísta reconoció que el permiso se había expedido en su municipio. Pero se abstuvo de revelar el nombre del propietario. En corrillos políticos corre fuerte la especie, en el sentido de que pudo tratarse de su principal proveedor de obra pública en ese municipio. O de alguien cercano a la familia del alcalde. Y por eso no quiso mencionarlo por su nombre. Como sea, el escándalo alcanzó a otro edil del PRI. Y eso por supuesto, es un uppercut rumbo a la elección de julio de 2018.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Todo un misterio encierra el levantamiento por parte de un grupo de hombres armados, de tres individuos detenidos en la Agencia del Ministerio Público del municipio de Arcelia, a donde irrumpieron con violencia y se los llevaron. Se presume que pertenecen al grupo delictivo Los Tequileros. Y el vocero de seguridad estatal, Roberto Álvarez Heredia, se hizo bolas. Dijo que: “o eran enemigos o contrarios”. Pero lo que no admitió, es que el gobierno estatal otra vez quedó exhibido como incapaz.