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25 de abril de 2017

Detectan "daño patrimonial" por 30 mdp de SEDESOL

Inhabilitan a ex funcionario…
Detectan "daño patrimonial"
por 30 mdp de SEDESOL
* "Irregularidades" en reconstrucción por sismo de 2012

Bernardo Torres/API

Ciudad de México, 23 de Abril del 2017.- La Secretaría de la Función Pública dio a conocer la inhabilitación de un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, adscrito a Guerrero, por irregularidades detectadas en la fallida reconstrucción de viviendas por los sismos ocurridos en Marzo de 2012.
A través de un comunicado emitido este domingo en la Ciudad de México, la dependencia dio a conocer que la sanción al servidor público es "por provocar daño patrimonial cercano a los 30 millones de pesos".
Lo anterior derivado de irregularidades cometidas durante las obras de reconstrucción y reparación de viviendas afectadas por los sismos de 2012, que provocaron daños en las Regiones Costeras y Centro de esta entidad.
"La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó diversas irregularidades administrativas cometidas por un servidor público adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el estado de Guerrero, durante las obras de reconstrucción y reparación de viviendas dañadas con motivo del sismo y su réplica ocurridos el 20 y 26 de marzo de 2012, que afectó 38 municipios en esa entidad federativa", precisa el comunicado.
La SFP, reveló que se identificó el pago de trabajos sin que éstos se hayan ejecutado totalmente, así como la realización de convenios de modificación a diversos contratos de obra pública que carecían de los dictámenes técnicos respectivos, para sustentar la necesidad de su celebración, lo cual provocó un daño patrimonial calculado en 29 millones 744 mil 736.26 pesos.
De esta forma, en el procedimiento administrativo instruido a partir de la investigación de dichas irregularidades, se determinó imponerle al servidor público responsable una inhabilitación por un periodo de diez años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como una sanción económica por la cantidad de 59 millones 489 mil 472.52 pesos.

Cabe señalar que, la firmeza de la resolución, está supeditada al resultado de los medios de impugnación que tiene a su alcance el servidor público involucrado, de quien no se reveló el nombre. (Agencia Periodística de Investigación)