LECTURA POLÍTICA
Noé Mondragón Norato
El espaldarazo político de Peña
Nieto
La
polémica y el escándalo dan para mucho. Podrían generar incluso, una bola de
nieve. Lo cierto es que el primer paso ya lo dio el obispo de la diócesis
Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza. Y consistió en exhibir
los entendimientos entre autoridades estatales y crimen organizado.
Por ese motivo, comenzó a ser atacado. Cuando el punto central
de esta discusión debería ubicarse en exigir del gobierno estatal, un deslinde
claro y puntual, acompañado de evidencias. No exigir
pruebas de conversaciones y confesiones que no pueden
aportarse, dada la natural investidura del prelado católico. En este carril,
los representantes del gobierno estatal quisieron defenderse apelando
al argumento irracional. Es decir, negando sus vínculos
con la delincuencia organizada, pero negándose también, a combatir los sangrientos
escenarios de violencia e inseguridad en la entidad. Y lo más importante: no deteniendo
a los responsables materiales e intelectuales de tanta
mortandad. ¿No es acaso una prueba tangible de las
complicidades y los entendimientos? O metafóricamente: ¿Cómo juzgar la
inocencia de un delincuente que lleva en las manos la navaja con la sangre de
su víctima? Hay que leer otras vertientes.
ENTENDIMIENTOS OBVIOS.- Hay cuando menos dos escenarios que
permiten entender el actual estado de apatíagubernamental frente
a la descomposición del clima social originado por el imparable delito. Y que
de algún modo, estaríandándole la razón al obispo
Rangel Mendoza: 1.- El titular de la Fiscalía General del
Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, admitió en entrevista reciente al diario
español El País, que “no cuenta con los recursos ni con la
capacidad para enfrentar al crimen en la entidad”. Y esa es una confesión
de parte. Es decir, en la coyuntura en que el gobierno
estatal es señalado por el obispo Rangel Mendoza, de tener acuerdos con
el crimen organizado, el fiscal Olea Peláez, reconoce sus
limitaciones para combatirlo, a un medio de comunicación con impacto
internacional. Y de esa forma, lejos de enderezarle la plana a su jefe
político, el gobernador Héctor Astudillo, se la hace pedazos. Pero sobre todo, se
cura en salud. Y le deja toda la responsabilidad de esas acusaciones
precisamente, a la administración estatal. Quizás el fiscal perciba por
anticipado su necesaria y urgente renuncia a ese cargo. De
ahí que optara por fijar postura ante su visible incapacidad para
combatir el delito. Y de paso, darle soporte a los eventuales pactos
y acuerdos con el crimen organizado. 2.- El presidente
Enrique Peña Nieto, estuvo en Acapulco el pasado lunes, durante la inauguración
del Tianguis Turístico 2017. Se entendía que fijaría postura ante los
crudos señalamientos del obispo católico. Pero lejos de
ello, le dio la vuelta completa al
asunto. Y protegido por el confort que provee la seguridad del Estado
Mayor Presidencial, se animó a decir que “la enorme paradoja de las
sociedades mundiales de hoy, es que viven los mejores tiempos de los que exista
registro”. Pero encegueció ante el atrasoen Guerrero,
producto de la corrupción en la función pública del propio gobierno federal.
Tampoco la violencia e inseguridadque se apoderan progresiva y
siniestramente, de toda la entidad. La impunidad que
adquiere carta de naturalización en Guerrero, ubicándolo en el nada honroso primer
lugar nacional en homicidios violentos. Nada
quiso saber de las declaraciones formuladas por un obispo que asegura “tener
acercamientos y diálogo con algunos grupos delictivos”. Y puso en
aprietos a la administración estatal tricolor, al acusarla de “tener
acuerdos bajo la mesa” con la delincuencia
organizada. El presidente ignoró todo eso. Como si viviera en
otro planeta. Y con ello, le dio un espaldarazo político a
la administración estatal de su adlátere priísta, Héctor Astudillo.
Complicidades y acuerdos inconfesables también, en las cúpulas del poder
tricolor. No podía ser de otra forma.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Lejos de demandar la activación de los mecanismos de
protección en materia de Derechos Humanos, a favor del obispo Salvador Rangel,
el ombudsman guerrerense, Ramón Navarrete Magdaleno, se asumió como parte
íntegra de la oficialidad estatal y se atrevió a exigirle –como el
vocero estatal Roberto Álvarez y el propio mandatario estatal-, pruebas de
sus versiones. Con ello se confirma que, si la autoridad estatal está
mal, los Derechos Humanos en la entidad están peor. Navarrete
Magdaleno no actúa como organismo independiente, sino como vocero
del gobernador. Debe en consecuencia, considerar su renuncia
al cargo. ¿O es que acaso se violaron los Derechos
Humanos del gobierno estatal?