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29 de marzo de 2017

LECTURA POLÍTICA

LECTURA POLÍTICA
Noé Mondragón Norato

El espaldarazo político de Peña Nieto
La polémica y el escándalo dan para mucho. Podrían generar incluso, una bola de nieve. Lo cierto es que el primer paso ya lo dio el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza. Y consistió en exhibir los entendimientos entre autoridades estatales y crimen organizado. Por ese motivo, comenzó a ser atacado. Cuando el punto central de esta discusión debería ubicarse en exigir del gobierno estatal, un deslinde claro y puntual, acompañado de evidencias. No exigir pruebas de conversaciones y confesiones que no pueden aportarse, dada la natural investidura del prelado católico. En este carril, los representantes del gobierno estatal quisieron defenderse apelando al argumento irracional. Es decir, negando sus vínculos con la delincuencia organizada, pero negándose también, a combatir los sangrientos escenarios de violencia e inseguridad en la entidad. Y lo más importante: no deteniendo a los responsables materiales e intelectuales de tanta mortandad. ¿No es acaso una prueba tangible de las complicidades y los entendimientos? O metafóricamente: ¿Cómo juzgar la inocencia de un delincuente que lleva en las manos la navaja con la sangre de su víctima? Hay que leer otras vertientes.
ENTENDIMIENTOS OBVIOS.- Hay cuando menos dos escenarios que permiten entender el actual estado de apatíagubernamental frente a la descomposición del clima social originado por el imparable delito. Y que de algún modo, estaríandándole la razón al obispo Rangel Mendoza: 1.- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, admitió en entrevista reciente al diario español El País, que “no cuenta con los recursos ni con la capacidad para enfrentar al crimen en la entidad”. Y esa es una confesión de parte. Es decir, en la coyuntura en que el gobierno estatal es señalado por el obispo Rangel Mendoza, de tener acuerdos con el crimen organizado, el fiscal Olea Peláez, reconoce sus limitaciones para combatirlo, a un medio de comunicación con impacto internacional. Y de esa forma, lejos de enderezarle la plana a su jefe político, el gobernador Héctor Astudillo, se la hace pedazos. Pero sobre todo, se cura en salud. Y le deja toda la responsabilidad de esas acusaciones precisamente, a la administración estatal. Quizás el fiscal perciba por anticipado su necesaria y urgente renuncia a ese cargo. De ahí que optara por fijar postura ante su visible incapacidad para combatir el delito. Y de paso, darle soporte a los eventuales pactos y acuerdos con el crimen organizado. 2.- El presidente Enrique Peña Nieto, estuvo en Acapulco el pasado lunes, durante la inauguración del Tianguis Turístico 2017. Se entendía que fijaría postura ante los crudos señalamientos del obispo católico. Pero lejos de ello, le dio la vuelta completa al asunto. Y protegido por el confort que provee la seguridad del Estado Mayor Presidencial, se animó a decir que “la enorme paradoja de las sociedades mundiales de hoy, es que viven los mejores tiempos de los que exista registro”. Pero encegueció ante el atrasoen Guerrero, producto de la corrupción en la función pública del propio gobierno federal. Tampoco la violencia e inseguridadque se apoderan progresiva y siniestramente, de toda la entidad. La impunidad que adquiere carta de naturalización en Guerrero, ubicándolo en el nada honroso primer lugar nacional en homicidios violentos. Nada quiso saber de las declaraciones formuladas por un obispo que asegura “tener acercamientos y diálogo con algunos grupos delictivos”. Y puso en aprietos a la administración estatal tricolor, al acusarla de “tener acuerdos bajo la mesa” con la delincuencia organizada. El presidente ignoró todo eso. Como si viviera en otro planeta. Y con ello, le dio un espaldarazo político a la administración estatal de su adlátere priísta, Héctor Astudillo. Complicidades y acuerdos inconfesables también, en las cúpulas del poder tricolor. No podía ser de otra forma.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Lejos de demandar la activación de los mecanismos de protección en materia de Derechos Humanos, a favor del obispo Salvador Rangel, el ombudsman guerrerense, Ramón Navarrete Magdaleno, se asumió como parte íntegra de la oficialidad estatal y se atrevió a exigirle –como el vocero estatal Roberto Álvarez y el propio mandatario estatal-, pruebas de sus versiones. Con ello se confirma que, si la autoridad estatal está mal, los Derechos Humanos en la entidad están peor. Navarrete Magdaleno no actúa como organismo independiente, sino como vocero del gobernador. Debe en consecuencia, considerar su renuncia al cargo. ¿O es que acaso se violaron los Derechos Humanos del gobierno estatal?